La universidad, en números rojos
El Consell llega a fin de año sin transferir el 100% de la subvención ordinaria del Plan Financiero
Es ya una costumbre tan navideña como el ingreso mismo de la paga extra de diciembre, el que la Administración autónomica cubra hacia mediados de diciembre -en el último pleno del Consell, para ser exactos- lo que adeuda del gasto ordinario del sistema universitario público valenciano. Sin embargo, quizá la inminente llegada del euro, en el año más capicúa del siglo, parece haber cambiado las viejas reglas no escritas: por primera vez desde que se puso en marcha el Plan Plurianual de Financiación (PPF), la Generalitat valenciana llega a fin de año sin haber transferido al 100% la subvención básica ordinaria, que sirve exclusivamente para cubrir el capítulo I de personal y los gastos de funcionamiento de las cinco universidades públicas. 'Con los 3.000 millones aprobados en el último pleno del martes pasado, sólo cubre el 95%', precisa Francisco Morales, vicerrector de Economía de la Universidad de Valencia, que dada la 'inusual' situación ha convocado para mañana una Junta de Gobierno ordinaria y otra extraordinaria con un punto único en la orden del día 'informar sobre el grado de incumplimiento del PPF'.
La otra pata del PPF -la financiación por objetivos- siempre ha caminado por otro sendero, mucho más lento que el anterior, y por ello los equipos económicos de las universidades se han acostumbrado ya a tener que poner por delante un dinero que no llega con meses, sino normalmente con un año de retraso. Y éste tampoco ha sido la excepción. 'Dentro de esos 3.000 millones millones de pesetas aprobados, 1.190 corresponden a la parte fija de financiación por objetivos presupuestada para el 2001, con lo que sólo se está pagando el segundo plazo del 2000', explica el vicerrector.
Pero, la preocupación por el incumpliento del modelo de financiación no es aislada. El nuevo equipo rectoral de la Universidad Jaume I de Castellón, con Francisco Toledo a la cabeza, dedica un apartado del documento Líneas de Gobierno 2002 a este asunto. Así, este contexto autonómico -unido al escenario de 'incertidumbre' que se avecina ante el 'capricho político' del Gobierno de José María Aznar de 'disolver los claustros' para llevar a cabo la implantación de la polémica Ley Orgánica de Universidades (LOU)- complica, más si cabe, el horizonte de estabilidad que se habían propuesto alcanzar las universidades valencianas y el Gobierno de Eduardo Zaplana en 1999 con la firma del PPF.
El informe del equipo rectoral de Castellón sobre el escenario presupuestario y los retos a alcanzar en 2002 'subraya que la situación financiera de la universidad ha mejorado en los últimos años', fruto, en parte del 'número de estudiantes a tiempo completo'. Pero, sobre todo, 'gracias al Plan Plurianual de Financiación (PPF)'. No obstante, el rector Francisco Toledo destaca que 'esta situación positiva se ha visto oscurecida porque el sistema de financiación por objetivos aún no ha sido aclarado, y por la dura negociación que está suponiendo'.
'La negociación', prosigue Toledo, 'no sólo porque nos va en ella una parte importante del presupuesto, sino también porque depende de ella la credibilidad misma del sistema universitario valenciano frente a la sociedad'. Las dificultades con que tropieza esta negociación han sido reiteradas en no pocas ocasiones por los cinco equipos económicos de las universidades públicas, que han responsabilizado directamente al actual director general del ramo, Salvador Forner.
Forner ha tratado en el último año de 'cambiar' la veintena de objetivos de calidad acordados en el PPF para que las universidades puedan optar a una financiación adicional por objetivos que -a parte de la línea fija de la subvención que son los 1.190 millones que siempre llegan con retraso- contemplaba para 3.501 millones más para el ejercicio de 2000; 5.413 para 2001; y 6.765 para 2002. Este sistema está diseñado para forzar a las universidades a presentar resultados de calidad en los objetivos a los que se acojan antes de ingresar estas partidas extra. Con este mecanismo, el modelo busca mejorar gestión y la competitividad del sistema valenciano, que en realidad es el objetivo clave del PPF suscrito por la Generalitat en 1999.
Frente a la posibilidad de desarrollar al completo el modelo, Forner -que se ha centrado exclusivamente en idear mecanismos administrativos y jurídico para implantar la LOU con o sin ella en plena sintonía con el equipo ministerial de Pilar del Castillo- pretende, por contra, la creación de una especie de agencia autonómica de evaluación y calidad, a imagen y semejanza de la prevista en la reforma universitaria de Aznar. Hace dos semanas Forner anunció en la Universidad de Alicante la creación de esta agencia 'necesaria para implantar la LOU' en la Comunidad.
Sin embargo, existe una contradicción en los términos mismos de su propuesta: ya que se pretende hacer de esta agencia un órgano de evaluación [similar al concebido por el ministerio parar habilitar profesores con el viejo esquema centralizado de pruebas nacionales], lo cual es 'contradictorio con el actual modelo vigente más autonomista', advierten desde las propias universidades valencianas. Y, por otra, parte Salvador Forner, pretende que esta agencia sirva también como 'órgano de calidad', para lo cual, recuerdan, 'ya están los objetivos de calidad, fijados en el PPF'. Queda, pues, por delante la incertidumbre de qué va a pasar con ese 5% de la subvención ordinaria (51.849 millones) que está en el aire.
