Realidades 'versus' estrategia de la confusión
Hace pocos días fui relevado del cargo de consejero de Política Territorial y Obras Públicas. Hasta el 15 de diciembre no asumiré las nuevas responsabilidades en el seno de la nueva Federación de CiU y de Convergència. Dispongo, por lo tanto, de tiempo para la reflexión y para el análisis paciente y reposado de la realidad catalana. Y todo ello me permite opinar, con un cierto conocimiento de causa, sobre una cuestión tan polémica como el de la magnitud y los efectos de la inversión pública en Cataluña.
Unos datos para empezar: nuestra población representa el 15% de la población española. Y nuestro PIB se acerca al 20% del total estatal. Parecería lógico pensar que, bajo criterios de estricta equidad en el destino de los recursos públicos, correspondería a Cataluña una inversión como mínimo del 15%, si nos tratasen como ciudadanos, o de hasta el 20%, si nos tratasen como generadores de riqueza.
La mejora del sistema de financiación de las comunidades autónomas consigue cifras récord para Cataluña
La realidad de los últimos 20 años ha sido muy diferente. El promedio ha sido inferior al 10%, y casi nunca se ha llegado al 15%. Incluso en la etapa preolímpica sólo se invirtió en nuestro país el 12% en dos anualidades.
Es incuestionable la discriminación a que ha sido sometida Cataluña por parte de la Administración del Estado. Cuantitativamente y cualitativamente. Las comparaciones entre las aportaciones estatales a los aeropuertos de Madrid y de Barcelona, o bien el trato de favor recibido por el metro de Madrid, al cual se le condonó la deuda, mientras que las administraciones catalanas debemos dedicar cada año muchos recursos para amortizar la deuda histórica de TMB, y sobre todo, el agravio comparativo en materia de peajes, son muestras evidentes e irrefutables del maltrato otorgado a los ciudadanos de Cataluña.
Para CiU, establecido en 1993 un nuevo escenario político por la pérdida de la mayoría absoluta por parte del PSOE, corregir estos agravios era una prioridad. Los perjuicios de una insuficiente dotación de infraestructuras sobre nuestra economía, la amenaza de afectar nuestra capacidad de crecimiento y la falta de determinados servicios esenciales para el propio bienestar de los ciudadanos, eran los argumentos que justificaban el dar prioridad a la inversión pública dentro de los acuerdos formulados para garantizar la estabilidad del gobierno del Estado.
Desde entonces, tanto en mayorías socialistas como en las populares, hemos conseguido un cambio radical de tendencia. Los últimos años rozando el 15%, este año y el próximo superándolos, y liderando, por primera vez la contratación pública regionalizada, claramente por encima de la comunidad de Madrid. Las cifras cantan, y son espectaculares: 351 millones de euros presupuestados en 1996, cerca de 2.000 millones de euros para el próximo ejercicio, multiplicando casi por seis la inversión estatal en Cataluña en estos seis años.
A nadie se le escapa que este salto espectacular tiene mucho que ver con la acción concertada del Gobierno de la Generalitat y de CiU en una triple dirección: actuando sobre los presupuestos generales del Estado, liderando la legítima reivindicación de la sociedad catalana y, sobre todo, generando un clima de consenso y cooperación institucional, que ha permitido desbloquear la mayoría de los grandes proyectos, como la ampliación del aeropuerto del Prat, el trazado del TAV, el desvío del río Llobregat...
Si a esta influencia sobre las infraestructuras que dependen del Estado, le añadimos la recuperación de la capacidad inversora de la propia Generalitat, una vez superadas las restricciones presupuestarias inherentes a la convergencia monetaria y, especialmente, ahora, con la mejora del sistema de financiación de las comunidades autónomas, obtenemos una inversión que consigue cifras récord, y que, por primera vez, en muchos años, permite recuperar el liderazgo de Cataluña en un tema clave para nuestro futuro.
¿Y cómo es que ahora, que invertimos más que nadie, que en año y medio construiremos más infraestructuras que en los Juegos Olímpicos, que se han desbloqueado casi todos los grandes proyectos... hay quien se queja más que nunca?
Desde la racionalidad no parece haber respuesta. Quizá hay que buscarla en una acción política basada en la confusión permanente y en absurdas operaciones mediáticas. La tozudez de la realidad despejará las incógnitas y descubrirá a los que se ocultan en las sombras.
Pere Macias i Arau es secretario general adjunto de CiU.
