Argentina rechaza la extradición de 19 acusados a España y Alemania
El Gobierno argentino ha denegado la extradición del ex general Guillermo Suárez Mason, solicitada por un tribunal de Núremberg, y la de otros 18 ciudadanos reclamados por el juez español Baltasar Garzón el pasado agosto. Las resoluciones, firmadas el pasado viernes por el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, a cargo de la cancillería hasta el regreso del ministro de Relaciones Exteriores de su visita oficial a Portugal, se basan en el 'principio de territorialidad' dispuesto en el artículo primero del Código Penal. Los acusados deberán someterse ahora a la justicia argentina.
Suárez Mason, ex comandante del primer cuerpo del Ejército de Tierra argentino y responsable máximo de los 'grupos de tareas' que actuaron durante la dictadura militar de los años setenta, está implicado en el secuestro y la desaparición de la ciudadana alemana Elisabeth Kasserman.
Según el Gobierno del presidente Fernando de la Rúa, representante de la Unión Cívica Radical, que sigue en estos casos la línea marcada por su antecesor, el peronista Carlos Menem, 'los hechos por los cuales es requerido ahora el ex militar fueron investigados durante el proceso que condenó en primer término a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti', la primera junta de comandantes de la dictadura militar iniciada en marzo de 1976.
Territorialidad
Jaunarena, que también era ministro de Defensa del Gobierno que presidía el radical Raúl Alfonsín, entre 1896 y 1987, cuando se promovieron las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, exculpatorias de unos 1.200 responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura, considera además que 'las solicitudes de extradición se refieren a hechos ocurridos en el país y a personas que fueron juzgadas por tribunales argentinos, en aplicación del principio de territorialidad'.
Suárez Mason, fugado a Estados Unidos a comienzos de los años ochenta, cuando se inició la transición democrática, fue detenido y finalmente extraditado en 1988 para que ser juzgado en Argentina por los homicidios cometidos. El proceso se interrumpió en octubre de 1989, cuando el ex presidente Carlos Menem le concedió el indulto, que dos años más tarde extendería también a los integrantes de las juntas militares ya codenados a reclusión perpetua.
En su resolución, el ministro Jaunarena admite ahora que 'en algunos casos los implicados fueron condenados, en otros no se pudo continuar con la persecución penal por imperio de las normas dictadas por las autoridades constitucionales de la República y en otros no fueron juzgados'. El fallo del juez Gabriel Cavallo, que declaró 'inválidas e inconstitucionales' las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, fue ratificado hace diez días por la Sala Segunda de la Cámara Federal, el tribunal de alzada.
