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Esta situación se ha producido porque los promotores adelantaron al pasado año la petición de licencias para evitar el seguro, por lo que no se puede considerar ilegal.
El Ministerio de Agricultura ha iniciado el reparto de los 35.000 millones de pesetas en créditos baratos prometidos al sector agrario en compensación por la desorbitada subida del gasóleo el año pasado, pese a que la Comisión Europea tiene abierta una investigación sobre la legalidad de esta medida.
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