Otoño en Galicia
Tras la primavera vasca, el otoño traerá una nueva cita electoral. Los comicios autonómicos gallegos se celebrarán el 21 de octubre, según confirmó ayer el presidente de la Xunta. Fiel a su estilo, Manuel Fraga, que cumplirá 79 años un mes después de las elecciones, distribuyó ayer certificados médicos que desmentirían las insinuaciones sobre su mal estado de salud.
Desaparecida la emergencia de las vacas locas, que hizo desistir a Fraga de adelantar los comicios a antes del verano, el horizonte aparece despejado para un cuarto mandato del fundador del PP. Sin embargo, las encuestas auguran un resultado más apretado que en anteriores ocasiones, y a esa esperanza se aferran sus oponentes para convencer a los gallegos de que Fraga no es imbatible y de que es imprudente elegir a un presidente que tendría 83 años al término de un nuevo mandato. Es un argumento de doble filo porque puede movilizar en favor del viejo político un último apoyo de despedida.
En todo caso, desplazar a Fraga sólo sería posible mediante un pacto entre el PSOE y el BNG. En las elecciones de 1997, los nacionalistas arrebataron al PSOE el segundo puesto. En circunstancias similares y con un PP sin mayoría, el nacionalista Beiras tendría toda la ventaja para reclamar la presidencia en la hipotética negociación con el PSOE. Los socialistas dejan caer que sólo pactarían con el Bloque si ellos son el segundo partido, y argumentan que si el PP perdiese la mayoría sería porque se había producido un desplazamiento de voto moderado del PP hacia sus listas, nunca hacia las del Bloque: lo que les daría a ellos la segunda plaza. El PP, por su parte, acusa a los socialistas de tratar de engañar al electorado no reconociendo que pactaría en cualquier caso con el BNG.
Para mitigar un posible retroceso, el PP dispone de una fértil reserva en la emigración -el 10% del censo total-, de probada fidelidad a Fraga y cuya tendencia no se recoge en las encuestas. Esos sufragios han sido puestos bajo sospecha en las últimas semanas por la oposición, que ha aireado las irregularidades en el censo de los residentes ausentes -la posibilidad de suplantar el voto de los muertos aún inscritos- y el uso desenfrenado de fondos públicos de la Xunta para ganarse el apoyo de la diáspora. En ese clima, la posibilidad de que Fraga perdiese la mayoría en el territorio gallego y la recuperase luego con los votos de la diáspora no deja de resultar inquietante, ya que socialistas y nacionalistas podrían caer en la tentación de deslegitimar el resultado electoral. De ahí que el propio Fraga, el PP y el Gobierno central deberían ser los primeros interesados en garantizar que los emigrantes voten con libertad y tras una campaña limpia.
