El testigo clave en el caso del juez de vigilancia penitenciaria es un preso huido al que dejó libre
Uno de los testimonios más importantes para aclarar en parte los supuestos delitos por los que se ha abierto causa contra el juez de vigilancia penitenciaria de Valencia y Castellón, Ernesto Alberola, se encuentra en paradero desconocido. Ese testigo, G. J. F., condenado recientemente por homicidio y tráfico de drogas, disfrutaba del tercer grado, concedido por Alberola, y aprovechó esa circunstancia para darse a la fuga. En el marco de la investigación sobre los hechos en los que G. J. F. participó, ocurridos en 1993 en la Fundición Arribas de Alaquàs y juzgados en la Audiencia el pasado abril, se realizaron unas escuchas telefónicas que alertaron sobre posibles irregularidades en el juzgado de vigilancia penitenciaria.
Ernesto Alberola confirmó ayer a EL PAÍS que ya había prestado declaración ante el tribunal de la Sala de Lo Civil y Penal del TSJ hace varias semanas. 'Contesté a lo que me preguntaron y punto. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Y si me vuelven a llamar, pues volveré a responder a lo que se me diga'. Alberola, que niega las acusaciones de prevaricación y revelación de secretos (se entiende este último como proporcionar información sobre sumarios a abogados), continúa al frente del juzgado de vigilancia penitenciaria de Valencia y Castellón. Aparentemente, su juzgado se mantiene como si nada ocurriera, aunque según fuentes próximas a la investigación los funcionarios que trabajan con él también han sido llamados a declarar. Quienes sí notan cambios son los abogados que acuden a él, como antes lo hacían, y comprueban que 'su criterio de aplicación de la ley es radicalmente opuesto al que hasta ahora le caracterizaba, no concede nada y atiende personalmente de forma muy escasa', asegura un letrado de los más habituales de su despacho.
Fuentes cercanas al caso aseguran también que la persona a la que varios abogados se han referido como intermediaria entre los presos y el juez de vigilancia penitenciaria en la concesión irregular del tercer grado, conocida como la rubia, ex funcionaria interina, también está imputada en la misma causa abierta contra Ernesto Alberola.
De los dos delitos que podrían apartar al juez Alberola de la carrera judicial, el de prevaricación no necesita, técnicamente, testigos. La prueba fundamental es el análisis minucioso que se está realizando sobre las concesiones de permisos o recalificaciones de grado, que en el caso del tercer grado eran -hasta que iniciara el proceso- recurridas casi en su totalidad por el fiscal de vigilancia penitenciaria.
Pero para demostrar la revelación de secretos, el otro delito que supuestamente ha cometido Alberola, sí son necesarios los testigos. Al menos una decena de personas han sido citadas a declarar y es ahí donde resulta clave el testimonio de G. J. F., en busca y captura..
