CC OO denuncia deficiencias en Metro que ponen en peligro a los usuarios
Alarmas desconectadas en las escaleras, trenes que circulan con las puertas abiertas, incendios, descarrilamientos, desprendimientos de bóvedas, roturas de cable eléctrico, tuercas soldadas en las vías para no tener que apretarlas... Son algunas de las más de 2.000 incidencias sin resolver registradas el año pasado en Metro, según un informe hecho público ayer por el sindicato CC OO que recoge lo que califica de 'situación de auténtico caos' en el transporte subterráneo.
Javier Pérez, secretario general de CC OO de Metro, señaló que los datos del informe han salido en buena medida de informaciones de los medios de comunicación, ya que la dirección de la empresa ha vetado la comunicación de las incidencias a los sindicatos. Según CC OO, algunas de estas deficiencias afectan a los trabajadores -como la realización de tareas que no les corresponden o el nulo incremento de personal, pese al aumento del número de trenes en servicio-, pero otras ponen en peligro la seguridad de los usuarios.
Pérez puso como ejemplo el de unos trenes en los que no funcionaba el sistema de aviso de que las puertas seguían abiertas. Denunciado el caso, los trenes fueron trasladados a otras líneas sin arreglar la avería, según el representante sindical.
El informe añade que la falta de personal ha llevado a la dirección a ordenar que se retiren de las escaleras mecánicas las alarmas que avisan a los empleados para que, en caso de accidente, acudan a paralizar el mecanismo. Asimismo, según Pérez, se ha dado orden de soldar determinadas tuercas, 'porque así se ahorran personal para apretarlas periódicamente', y la vigilancia de las vías se hace cada dos meses, en lugar de cada 15 días.
Pérez auguró que la situación 'se va a agravar en los próximos cuatro años con la inauguración del metrosur', porque habrá 38 nuevas estaciones, 500 kilómetros más de vía, y, sin embargo, 'la plantilla se reducirá en 490 personas'. CC OO ha remitido el documento a los grupos políticos del Ayuntamiento y la Asamblea, al Consorcio Regional de Transportes y al Gobierno regional, así como a diferentes asociaciones de usuarios, para que se tomen 'medidas urgentes'.
