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Villapalos denuncia 18 agresiones de alumnos a docentes durante este curso

Los directores piden una norma que agilice la aplicación de sanciones

Los actos violentos en los centros escolares van a más. Lo dijo ayer el consejero de Educación, Gustavo Villapalos, quien afirmó que este curso se han registrado 18 agresiones de alumnos a profesores y destrozos muy graves de material, tres veces más que el curso pasado. Los directores de institutos y la oposición exigieron una normativa autonómica que regule la convivencia. No tanto para aumentar las sanciones actuales, un máximo de 30 días de expulsión, sino para poder aplicarlas con mayor agilidad.

El problema de la violencia escolar es 'de unos pocos centros, pero tiende a difundirse cada vez más', según el consejero. Villapalos cifró en 18, tres veces más que el curso pasado, los casos de agresiones a profesores, y calificó los destrozos de material de muy graves. En la presentación de un congreso internacional de educación previsto para los días 5 al 9 de marzo de 2002, Villapalos se refirió a esta cuestión como una de las 'más difíciles de corregir' del sistema educativo y como 'un efecto perverso de algo objetivamente bueno': la extensión de la escolaridad obligatoria hasta los 16 años.

Las sanciones que aplican los consejos escolares son 'mínimas' y 'casi inexistentes', admitió Villapalos. Y como ejemplo citó el caso de una profesora que fue agredida por un alumno y que ha estado ingresada en el hospital un mes y medio. El castigo para el alumno: cinco días de expulsión. 'O los consejos escolares se plantean seriamente que estas situaciones crean tensiones muy grandes (...) o habrá que desplazar el tipo de competencias a los claustros de profesores o a la dirección', advirtió.

Reacios a expedientar

Precisamente los directores de instituto, quienes reconocieron que los centros suelen ser reacios a expedientar a alumnos 'por la mala imagen que se da de los propios centros', exigieron que el Gobierno regional elabore una normativa propia que sustituya al Real Decreto 732/1995, que regula los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros. Y no para que se aumenten las sanciones previstas (que llegan hasta los 30 días de expulsión o incluso el cambio de instituto), sino para poder aplicar los castigos con mayor diligencia.

'Muchas veces lo que persiguen los alumnos es precisamente que se les expulse', dijo Luis Abad, director del Pablo Picasso, de Pinto. A su juicio, al igual que al del resto de directores consultados, la normativa es 'excesivamente garantista' con el estudiante. Desde que el alumno comete la infracción hasta que el claustro aprueba la sanción pasan al menos dos semanas. Pero, lejos de estas 18 infracciones muy graves, 'lo que más enrarece la convivencia son otras faltas más leves y mucho más frecuentes como los insultos o las faltas de respeto', señala Abad.

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'El señor Villapalos lleva dos años mirando hacia otro lado con los problemas de convivencia en los institutos. Es necesaria una regulación propia para Madrid', afirmó ayer el portavoz socialista en la Comisión de Educación de la Asamblea, Adolfo Navarro, quien reclama la participación de los alumnos en la elaboración de los reglamentos de los centros. 'Las sanciones no son un método disuasor. Lo único que puede solucionar este problema son más medios', agregó Franco González (IU).

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