El PP y la corrupción
El Partido Popular estuvo en el origen de la Fiscalía Especial Anticorrupción en 1995, cuando los escándalos que afectaban a los Gobiernos socialistas de entonces eran la punta de lanza de su estrategia para echar al PSOE del poder. Pero, con el poder en sus manos, la lucha institucional contra la corrupción ha encontrado más trabas que apoyos. Los casos de Berlusconi, el fraude del lino, de Ercros, entre otros, están ahí para demostrarlo. El inicial entusiasmo del PP por la creación de un órgano dedicado a perseguir la corrupción en los entramados del poder tuvo más de recurso instrumental que de exigencia de regeneración política.
El fiscal Carlos Jiménez Villarejo, responsable de la Fiscalía Anticorrupción desde sus inicios, ha denunciado los obstáculos que encuentra en el Ejecutivo y en la Fiscalía del Estado para llevar a cabo su función. No es la primera vez. Ahora ha acusado al Gobierno de vetar su asistencia a la reunión que celebra el Consejo de Europa en Estrasburgo para analizar la política anticorrupción en el seno de la Unión Europea, de no haber ratificado la Convención Penal sobre la Corrupción de 1998 y de oponerse al nombramiento de un fiscal general comunitario. El Ministerio de Justicia ha negado cualquier veto a Jiménez Villarejo, pero lo cierto es que a esa reunión no asiste el responsable del organismo español que tiene encomendada la lucha contra la corrupción.
Respecto de los otros puntos acusatorios de Jiménez Villarejo, el Gobierno no ha dicho una palabra. La Convención Penal sobre la Corrupción ha sido firmada por 39 países y ratificada por 9 de ellos. ¿A qué espera el Gobierno para adherirse a un instrumento legal útil para hacer frente a casos como el uso fraudulento de fondos europeos en el cultivo de lino o la formación de parados? La pertenencia a las instituciones europeas y la construcción de Europa obligan también a cumplir los compromisos en la lucha contra la corrupción.
En lugar de ello, el Gobierno parece empeñado, directamente o recurriendo a los servicios siempre complacientes del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en que la Fiscalía Anticorrupción sea un organismo de pomposo nombre pero de utilidad muy limitada. El origen de la espesa niebla que, según denunció Jiménez Villarejo al presentar la última memoria de la institución, se cierne sobre la corrupción en España está en la escasa voluntad de la Administración aznarista por combatirla.
