La conferencia de rectores se opone a la Ley Universitaria por 'rígida y uniformista'

En el documento suscrito ayer por los miembros de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), se advierte al Ejecutivo que 'está perdiendo una oportunidad inestimable' si no busca el 'deseable' consenso entre las distintas fuerzas políticas, universidades y agentes sociales. Según los rectores, el texto presentado por el Gobierno 'entra además en profunda contradicción con los principios enunciados por la ministra de Educación, Pilar del Castillo, en la primera parte de su exposición ante el Consejo de Universidades', celebrada hace unas semanas y en la que la ministra, antes de presentar el texto, les expuso las líneas maestras de lo que luego iba a recoger la ley. Éstos son los principales aspectos del documento de los rectores:

- Consenso. Los rectores subrayan que sólo con el consenso 'se podrá garantizarse la estabilidad que exige una política educativa y científica al servicio del interés general y del progreso social y económico'. Y a continuación precisan que el texto propuesto por el ministerio 'no cuenta con ese deseable consenso y el procedimiento seguido hasta ahora, y el escenario previsto, difícilmente permitirán alcanzarlo'.

Los responsables universitarios se refieren a la decisión del Gobierno de presentar el texto definitivo al Congreso de Diputados antes del verano.

- Modelo europeo. El sistema universitario que dibuja el texto 'no se corresponde con el nuevo modelo de universidad' que se necesita construir en Europa, dicen los rectores, y añaden que ese nuevo modelo debe 'garantizar un servicio público de la enseñanza superior y de la investigación para la sociedad del conocimiento, congruente con la construcción del espacio europeo, al que puedan acceder en igualdad de oportunidades todos los ciudadanos'.

Los rectores opinan también que el anteproyecto 'se caracteriza por un reglamentismo excesivo y desigual y define un marco rígido y uniformista, incompatible con la diversidad deseable para el sistema universitario'. Esta diversidad resulta básica, en su opinión, para garantizar la mejora de la calidad, una mayor eficiencia de las instituciones universitarias y su incorporación real al espacio europeo de la enseñanza superior.

- Modernización universitaria. Para los rectores, la ley refleja 'una visible desconfianza hacia la universidad pública e impide avanzar en la modernización universitaria'. El reparto de responsabilidades entre la administración central, las comunidades autónomas y las universidades 'no se corresponde tampoco con la realidad competencial actual', añade el documento.

- Gobierno. La estructura de gobierno que se pretende establecer con la nueva ley 'afecta seriamente al derecho constitucional a la autonomía universitaria', señalan los rectores. Y a continuación explican los motivos: 'No distingue con claridad dirección, gestión, representación y control; es complicada y confusa. El excesivo número de órganos, su inadecuado tamaño y composición, junto a la complicada elección de sus miembros, son anticipo de un funcionamiento difícil, generador de inestabilidades e incompatible con la gobernabilidad'.

- Selección del profesorado. Al sistema de selección del profesorado que quiere aprobar Pilar del Castillo se dirigen algunas de las críticas más duras: 'La carrera académica aparece seriamente perjudicada, confusa, desorganizada y fragmentada'.

Los rectores afirman que el sistema de selección del profesorado 'es notablemente mejorable; establece barreras difícilmente franqueables para la incorporación de profesores de otros países y se fundamenta en un sistema de pseudohabilitación -en realidad se trata de un examen único de ámbito estatal- que debería someterse a una profunda revisión'. Sugieren que debería definirse un modelo de carrera docente e investigadora 'equilibrado y coherente' que mejore el sistema de selección y no impida la movilidad del profesorado.

- Financiación. Los rectores piden además que la ley vaya acompañada de una 'financiación adecuada y suficiente para asegurar la calidad y la equidad y un marco que homologue la inversión pública española con la de los otros países europeos' porque si no 'carecerá de capacidad transformadora real'. En contrapartida, reconocen que están abiertos a ser evaluados: 'Evaluación institucional y rendición de cuentas son la justa contrapartida que las universidades asumimos como compromiso ante la sociedad'.

- Requisitos. Los 61 miembros de la Conferencia de Rectores resaltan también que en el proyecto del Gobierno 'se han omitido algunos aspectos, como la propia definición de Universidad y los requisitos que habrían de cumplir las instituciones de enseñanza superior para ser reconocidas como tales'.