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lunes, 21 de mayo de 2001
COLUMNA

El escenario ficticio de consolidación

Los estados miembros de la Unión Europea se comprometieron en 1992 a limitar el exceso de gasto de sus respectivas Administraciones públicas para poner en circulación la moneda única con garantías de solvencia. Los acuerdos entre los quince socios comunitarios se trasladaron en cada país a las administraciones autonómicas y locales a través de acuerdos específicos recogidos en los denominados Escenarios de Consolidación Presupuestaria.

La Comunidad Valenciana pactó con el Estado un primer escenario en marzo de 1995 que comprometía a la Generalitat a no superar una deuda de 422.800 millones a finales de 1997. La deuda pública de la Generalitat a finales de ese ejercicio ascendía a 599.988 millones, según el Banco de España.

Analistas Financieros Internacionales (AFI), un grupo profesional que suele trabajar para las Administraciones públicas, establece que la deuda de la Generalitat finales de 1997 a efectos del escenario de consolidación ascendía a 425.573 millones, a los que hubo que sumar 100.701 millones de deuda de tesorería.

El conflicto que provocó José Luis Olivas, entonces consejero de Hacienda, antes la estimación de la deuda por parte del Banco de España fue notable. Según AFI, la Generalitat logró entonces una revisión de los límites del escenario que le había impuesto el Estado.

En mayo de 1998, el Gobierno pactó con las comunidades autónomas un nuevo escenario vigente entre 1998 y 2001. Ni el Gobierno ni la Generalitat han aclarado los topes de deuda fijado en ese acuerdo para la Comunidad Valenciana.

La propia Sindicatura de Comptes ha reiterado que carece de la información suficiente para aclarar si el Consell se ajusta a las limitaciones impuestas por el Gobierno.

Sin embargo, el crecimiento de la deuda pública durante los últimos tres años, muy por encima de los límites máximos establecidos en los presupuestos de la Generalitat y muy por encima del tope de avales que el Consell puede conceder a las empresas públicas, demuestra que tal escenario es prácticamente ficticio.

La UE puso topes al gasto de las administraciones para aprovechar el ciclo de crecimiento económico y sanear al máximo las cuentas públicas. De esa manera, no sería conflictivo recurrir al endeudamiento público ante un posible cambio de ciclo económico para paliar así un descenso de la demanda. Pero la Generalitat ha combinado un crecimiento desmedido de la deuda pública con un prolongado ciclo de bonanza económica y ha restringido así su propia capacidad de influencia en caso de que cambien las tornas.

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