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Movilizaciones para mejorar la enseñanza infantil

Un grupo de 1.000 padres y de profesores de Educación Infantil de Málaga se reunió el pasado miércoles frente a la Delegación de Educación para reclamar mejoras en el segundo ciclo de esta línea de enseñanza que comprende de tres a cinco años. La principal reivindicación de los docentes es la dotación de un educador de apoyo para cada aula con niños de tres años. Los profesores consideran que Educación incumple un acuerdo con los sindicatos que data de abril de 1991 y por el cual se comprometía a dotar progresivamente con estos monitores al segundo ciclo de infantil.

Sin embargo, Educación asegura que dicho pacto quedó sin vigencia una vez que en junio de 1991 fuera aprobado un Real Decreto que regulaba los requisitos mínimos de escolarización del mencionado tramo de edad. En las exigencias del Ministerio de Educación no se contemplaba la figura del monitor o educador de apoyo.

Los docentes aportaron 33.000 firmas de adhesión y la complicidad de 177 colegios de la provincia al delegado Juan Alcaraz, al que también solicitaron el descenso de la ratio hasta los 20 alumnos por aula. Aseguran que esta es una condición indispensable para atender de forma óptima a los escolares, máxime cuando no cuentan con apoyo alguno en clases que, por lo general, llegan a los 25 niños, cifra dentro del marco legal.

Otras provincias andaluzas como Granada han comenzado el proceso de movilizaciones iniciado en Málaga en el mes de febrero. En Andalucía existen 7.803 maestros de Educación Infantil, 163.223 alumnos y 103 centros exclusivos de esta enseñanza no obligatoria.

Negociación

Por su parte, el sindicato independiente ANPE solicitó ayer a Educación la apertura de una mesa sectorial sobre este asunto. Las demandas giran entorno a la escolarización plena de los niños de tres años, la implantación del monitor, la reducción del horario lectivo a 20 horas, el descenso de la ratio, entre otras. Las previsiones de escolarización que Educación baraja para el próximo curso en el tramo de tres años se acerca al 83%, mientras que espera lograr la implantación plena en el ejercicio 2002-2003, tal como la Junta acordó con las organizaciones sindicales.

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