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domingo, 25 de marzo de 2001

El Gobierno niega al PSOE la devolución de la mayor parte de su patrimonio histórico

A sólo tres meses de finalizar el plazo para la aplicación de la Ley de restitución a los partidos por la incautación de su patrimonio tras la guerra civil, el Gobierno sólo ha reconocido la devolución de 30 millones de pesetas al PSOE, por seis expedientes, y le ha denegado la mitad de los presentados. Los argumentos de la Administración auguran a los servicios jurídicos del PSOE que rechazará la inmensa mayoría. El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, anuncia un recurso ante el Tribunal Contencioso-Administrativo por 'violación de ley' ante lo que considera un 'escándalo' por 'despreciar la historia de un partido democrático como el PSOE'.

La ley, aprobada en diciembre de 1998, fue consecuencia del pacto alcanzado entre el PP y PNV en 1996 para lograr la investidura de José María Aznar como presidente. El compromiso de Aznar de devolver al PNV su patrimonio incautado en la guerra civil se extendió a todos los partidos afectados.

El patrimonio del PSOE fue el más dañado por la incautación franquista. Según sus asesores jurídicos, el valor de su patrimonio inmobiliario ascendería a 15.000 millones de pesetas. La última denegación de la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente de Hacienda, en febrero, afectó a 71 expedientes por otros tantos inmuebles. En meses anteriores, Patrimonio denegó otros 183.

El principal argumento de la Dirección de Patrimonio para el rechazo es que no está demostrada la vinculación jurídica de los bienes incautados y el PSOE. Atribuye su titularidad a entidades obreras. El texto de la Dirección de Patrimonio dice: 'Dado que los bienes de estas sociedades fueron incautados por su carácter obrerista o sindical y se atribuyeron al sindicato de la FET y de las JONS, salvo prueba concluyente en contrario, que en ningún caso se ha aportado, hay que deducir dicho carácter de los titulares de estos bienes'. La conclusión de la Administración es que 'no pueden tener la consideración de personas jurídicas vinculadas al PSOE' como exige la ley de diciembre de 1998.

Así, la Sociedad de Socorros Mutuos La Fraternal, cuyo expediente fue denegado, Patrimonio dice: 'El régimen político anterior a la democracia procedió a la incautación de los bienes de esta sociedad calificándola como Entidad Sindical Marxista. No puede mantenerse, por tanto, por la Administración que dicha sociedad no tenga carácter sindical'.

Los servicios jurídicos del PSOE argumentan su titularidad con documentos y cartas cruzadas entre la Ejecutiva Federal y las agrupaciones socialistas. Enrique Linde, abogado del PSOE, insiste en que 'el PSOE nunca tuvo una titularidad jurídica como tal por temor a la represión política. Tenía una estructura descentralizada.La titularidad la ostentaban las agrupaciones'.

Asimismo, Linde asegura que el partido y el sindicato, la UGT, compartían al 50% la titularidad de los inmuebles y lo sostiene con documentos. La respuesta a este argumento por parte de Patrimonio es que 'el hecho de que el PSOE pudiera utilizar una parte de los locales incautados para el ejercicio de alguna de sus actividades políticas, como pone de manifiesto en las declaraciones juradas presentadas, puede evidenciar que existía una ocupación, pero no es determinante para deducir una titularidad compartida por el PSOE y las sociedades obreras ni ningún otro derecho de contenido patrimonial que pudiera ostentar el PSOE sobre los mismos'.

En cuanto a los expedientes presentados por cuentas corrientes, en enero, Patrimonio exigió al PSOE que en el plazo de diez días aporte las fichas elaboradas por la Dirección General de Banca y Bolsa o el inventario de cuentas improtegibles publicado en el BOE del 9 de agosto de 1943 de las cuentas bancarias de entidades como Gráfica Socialista, Institución Pablo Iglesias y otras. También exigió la acreditación de si forman parte de la estructura del partido y comparten la misma personalidad jurídica.

El PSOE replica que 'no existe precedente en que a un interesado en un procedimiento administrativo se le haya requerido que aporte copia de un ejemplar del BOE, que, además, carece de toda base legal'. El secretario de organización del PSOE concluye que 'una vez lograda la publicidad con la aprobación de la ley, el Gobierno ha decidido incumplir su aplicación'.

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