Las consejerías de Medio Ambiente y de Turismo discrepan sobre la conveniencia de una 'ecotasa'

Las discrepancias internas en el seno del Gobierno que preside Manuel Chaves volvieron a quedar claramente de manifiesto ayer durante una jornada de análisis organizada por la Federación de Comercio y Hostelería de CC OO. El secretario general técnico de la Consejería de Turismo, Rafael Rodríguez de León, argumentó en contra del impuesto que en Andalucía no existe una situación de saturación como en Baleares o incluso Canarias, comunidad ésta que también estudia implantar la ecotasa, que el impuesto castigaría a los alojamientos reglados y beneficiaría a los establecimientos piratas, y que existen además inconvenientes técnicos para su aplicación.

Turismo, que entiende que la protección del medio ambiente es 'esencial' para el desarrollo de una oferta turística de calidad y que el turismo es 'la única industria que necesita de un medio ambiente de calidad para ser competitiva', aboga porque los fondos necesarios para tal fin se obtengan en el modelo de financiación autonómica y local y por el desarrollo de un estatuto específico para los municipios turísticos. Según Rodríguez de León, 'la fiscalidad ecológica tiene sentido cuando trata de modificar conductas nocivas, cuando en el caso de la ecotasa turística se trata de un instrumento meramente recaudatorio'.

Por el contrario, el director general de Educación Ambiental de la Junta, José Larios, aseguró a EL PAÍS -por un problema de agenda no llegó a tiempo a la jornada celebrada en Torremolinos- que su Consejería sostiene la conveniencia de aplicar una imposición ecológica bajo el principio de quien contamina paga y que el turismo es 'susceptible' de que le sea aplicada, si bien no la única. Larios recordó que la actividad turística produce el 15% de los residuos en Andalucía y es una gran consumidora de energía y recursos naturales, especialmente suelo.

Larios, además, no comparte los argumentos de quienes sostienen que la ecotasa tendría un efecto disuasorio sobre la demanda, que sí reconocieron los miembros del Gobierno balear que persiguen, ya que se trata de una tasa barata (entre 0,5 y dos euros por noche de alojamiento en Baleares y seis euros según el proyecto realizado por Los Verdes de Andalucía).

El presidente de la patronal hotelera andaluza, Miguel Sánchez, estima sin embargo que la repercusión sobre el precio de los alojamientos sería de entre un 7% y un 8%. El director del Servicio Balear de Empleo, Pere Mascaró, redujo este efecto a no más del 2%.

Sánchez recordó que no se trata de una tasa, porque no hay una prestación de servicio a cambio, y que la implantación del impuesto sería en Andalucía una medida 'equivocada y penalizadora' que la patronal recurriría en los tribunales como van a hacer los empresarios baleares.

Tanto CC OO como Ecologistas en Acción se manifestaron en favor de la implantación de un sistema de fiscalidad ecológica, pero no consideran adecuado el modelo balear porque entienden que en Andalucía no cabe hablar de saturación turística. El secretario de acción sindical de CC OO, Pedro Miguel González, apostó por utilizar otros instrumentos contemplados en la Ley de Turismo como la recualificación de destinos saturados y la declaración de zonas de interés preferente.