El puente de la Expo de Lisboa tiene graves problemas estructurales, según el Tribunal de Cuentas europeo

En la carta del presidente del Tribunal de Cuentas europeo, Jan Karlson, se denuncian irregularidades técnicas -'drenaje insuficiente' o 'falta de resistencia de algunos materiales'- y de financiación, con un aumento de los gastos previstos y una elevada financiación comunitaria. Karlson explicaba además que el Estado portugués aún no había recibido la denominada 'entrega formal de la obra', como ayer confirmaron las autoridades portuguesas. El tribunal explica que la seguridad del puente es competencia exclusiva del Estado miembro que debe verificar 'la recepción de los trabajos de acuerdo con su cuaderno de encargos'.

El diputado europeo Freddy Black preguntó al presidente del Tribunal de Cuentas cómo era posible que la compañía Lusoponte, las autoridades portuguesas, la Comisión Europea o el Banco Europeo de Inversiones 'no hubieran encontrado problemas de calidad, confianza y duración causados por los problemas estructurales' detectados anteriormente por una comisión de investigación del mencionado tribunal. Una inspección realizada en las obras a principios de 1998, y recogida en un informe del Ministerio de Obras Públicas portugués, reconocía algunas de esas irregularidades, pero permitía su apertura al tráfico rodado.

El Ministerio de Obras Públicas garantizó ayer la seguridad del puente y reconoció que aún no había recibido la entrega formal de la obra, porque algunas de las empresas concesionarias no habían concluido los trabajos encargados. Por su parte, una portavoz de Lusoponte admitió la existencia de 'algunas divergencias entre los técnicos' sobre algunas cuestiones como 'la altura de los sumideros o la duración del puente, proyectado para 120 años, aunque algunos expertos lo calculen en 50 años'. No obstante, la citada portavoz explicó que el Estado portugués y la Comisión Europea 'rebatieron punto por punto esas irregularidades, sin que hubiese respuesta del tribunal, lo que quiere decir que aceptaron esas alegaciones'. Además, explicó que las estructuras del puente están 'vigiladas con métodos muy avanzados que garantizan su seguridad'.

El Tribunal de Cuentas detectó además un aumento del 8,9% sobre los gastos presupuestados y denunció el elevado financiamiento comunitario que ascendió al 95% del total de la obra, con un coste total de unos 150.000 millones de pesetas, según los datos revelados en su momento por las autoridades portuguesas. En un principio, este presupuesto debía ser sufragado en un 35% por los fondos de cohesión, un 30% por el Banco Europeo y el resto por el Estado y empresas privadas que luego serían concesionarias de algunos servicios.

El derrumbamiento hace 10 días de un puente sobre el río Duero, con más de 60 víctimas, la mayoría de ellas aún sin localizar, ha provocado una monumental controversia sobre la seguridad y el control de las obras públicas en Portugal. Ayer mismo, el primer ministro portugués, António Guterres, prometió una rigurosa investigación sobre las causas del mencionado accidente y garantizó que, si existen responsabilidades criminales, éstas llegarán hasta las instancias competentes 'duela a quien duela'. Guterres explicó que el Gobierno está haciendo todo lo posible para la recuperación de los cuerpos de las víctimas y se ha propuesto, como medida prioritaria, 'el restablecimiento de la confianza de los ciudadanos' en la capacidad del Estado.