Ocasión perdida

Por encima de todo y como debe ser, la integración de Endesa e Iberdrola era una operación de naturaleza privada que respondía a la lógica empresarial de crear valor para sus accionistas. Los criterios de 'creación de valor' han sido sin duda determinantes en la decisión de romper la fusión. Las condiciones impuestas por el Gobierno, al margen de las severas cuotas de mercado definidas en cada actividad, planteaban dos frentes de incertidumbre fundamentales que desvirtuaban la finalidad empresarial de la operación. En primer lugar, el proceso de desinversiones, por su magnitud, sería extremadamente complejo, y su realización en menos de 14 meses dificultaría la capacidad de obtener en la venta el máximo valor posible. En segundo lugar, y aún más importante, la minoración de los CTC en función de las plusvalías obtenidas en la venta supondría una penalización a los accionistas de las empresas fusionadas que discriminaría la operación en relación a otras alternativas estratégicas. Basta señalar que en el caso de Hidrocantábrico, sus accionistas podrán aceptar la oferta de adquisición de acciones económicamente más ventajosa sin que ninguna plusvalía se tenga en cuenta para reducir el importe de CTC reconocidos a la eléctrica asturiana. Por el contrario, los accionistas de Endesa e Iberdrola tendrían que renunciar a unos ingresos a cambio de mantener un tamaño similar a la mayor de las empresas fusionadas.

El Real Decreto-Ley 2/2001 publicado en el BOE del pasado sábado establece que en la venta de cualquier central eléctrica se deducirá de los CTC la plusvalía obtenida, no sobre el valor contable (no tendría sentido económico), sino sobre el valor de referencia de cálculo de CTC. Con esta medida, se desincentiva drásticamente cualquier operación de venta individualizada de centrales eléctricas. Cabe preguntarse si el Gobierno avanzará no obstante en la ardua tarea de asignar los CTC por centrales, algo en lo que sensatamente no entró la Ley del Sector Eléctrico, a pesar de que la fusión no se va a llevar a cabo.

Para el Gobierno, se cierra la puerta de la estructura empresarial más equilibrada del sector eléctrico que permitía la venta de centrales y de mercado de distribución. La ordenación actual del sector ha hecho emerger diversos problemas que pueden afectar al grado de competencia, los más importantes relacionados con el escaso número de participantes en el mercado que tardarán en resolverse con el cuentagotas de la construcción de nuevas centrales.

En la vorágine, el Gobierno ha aprovechado para dar otra vuelta de tuerca a los CTC y elimina la retribución fija del 4,5% de la tarifa, con lo que se abandona definitivamente la titulización. No obstante, se mantiene la quita de más de 250.000 millones de pesetas sobre el importe de CTC que las compañías aceptaron a finales de 1998 a cambio de asignar ese porcentaje fijo a la recuperación de los costes de transición. El Gobierno se pliega igualmente a las tesis de Bruselas al excluir de la recuperación de los CTC el consumo de energía procedente de otros países de la Unión Europea. Es decir, si un consumidor elegible contrata su suministro eléctrico con un productor fuera de nuestras fronteras, no tendrá que pagar CTC por el coste de su energía. Esta decisión es contradictoria con el fundamento de los CTC, ya que al originarse éstos por decisiones de planificación energética de ámbito nacional, su sobrecoste debía soportarse por todos los consumidores nacionales con independencia del origen de la electricidad que consuman.

Por último, la decisión de los consejos de Endesa e Iberdrola ha aumentado automáticamente el valor en bolsa de las cuatro empresas eléctricas, ya que se han reducido las vías de entrada en el sector eléctrico de manera integrada (mercado de distribución y generación con un mix diversificado).