CiU y PP evitarán que el Parlament impulse la reforma del Estatut

En la legislatura pasada hubo un intento fallido de analizar a fondo el estado del autogobierno en Cataluña y explorar posibles vías para elevar el techo de competencias. A instancias de Esquerra Republicana se llegó a crear una comisión, pero este mismo partido forzó su liquidación al considerar que no avanzaba.

En esta ocasión, la iniciativa tiene menos ambiciones -se trata únicamente de una comisión de estudio sin ninguna capacidad legislativa-, pero ha sido promovida por todos los grupos de la Cámara, salvo el Partido Popular (PP). Además, el líder de la oposición socialista, Pasqual Maragall, no está adscrito a la comisión, lo que rebaja su contenido político. La ausencia de Maragall fue subrayada ayer con enfado por el presidente del grupo de Iniciativa-Verds (IC-V), Rafel Ribó.

La izquierda acudirá a la comisión con un compromiso previo, suscrito en el último debate de política general celebrado en el Parlamento el pasado noviembre: los tres partidos presentaron conjuntamente una resolución que, a modo de programa alternativo, señalaba la reforma del Estatut y, si procede, de la Constitución, como una de las 10 prioridades políticas inmediatas. La comisión abordará la situación del autogobierno al menos desde los cuatro puntos de vista siguientes:

- Competencias no desarrolladas. Se refiere a atribuciones previstas en el propio Estatut que el Gobierno de la Generalitat aún no ha desarrollado. Es un apartado que interesa tratar a todos los grupos, salvo a CiU. La izquierda cree que pone de manifiesto la supuesta incapacidad del Gobierno y el PP lo ve como la prueba de que es innecesario modificar el Estatut.

Los conservadores han redactado un informe que detalla 22 competencias que el Ejecutivo catalán no ha desarrollado, entre las que destacan la elaboración de una ley electoral propia y el uso de la capacidad normativa en los tributos. Además el documento señala ocho ejemplos en que el Gobierno de Pujol no ha redactado el reglamento de leyes aprobadas en el Parlament -como la de carreteras, del año 1993- y expone seis competencias ejecutivas no asumidas, como la creación de la Agencia Catalana de Protección de Datos.

- Traspasos pendientes. El traspaso de competencias del Estado a la Generalitat previsto en el Estatut todavía no ha concluido, aunque en esta legislatura la comisión de traspasos -formada por representantes del Gobierno del PP y del de CiU- no se ha reunido ni una sola vez. ERC ha elaborado una lista que incluye 37 competencias pendientes de traspaso. El estudio menciona, entre otras, la gestión de becas, la inspección de Trabajo y la Seguridad Social, la presencia autonómica en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la gestión del Consorcio de la Zona Franca.

- Leyes estatales. Éste es el apartado que más interesa a CiU, pero el PP lo ve con desagrado porque se refiere al aumento del nivel de autogobierno tratando de evitar que leyes estatales repercutan en Cataluña. Un ejemplo reciente de ello es la ley de horarios comerciales. CiU calcula que unas 80 leyes estatales entran dentro de esta categoría, lo que no obstante requiere una interpretación más autonomista de la Constitución. El informe redactado por el catedrático Enric Argullol es la base de esta vía, que pretende extraer el máximo rendimiento de la Constitución sin reformarla.

- Reforma del Estatut. La izquierda considera que el Estatut necesita una puesta al día como mínimo porque desde su aprobación, hace 21 años, España, Europa y el mundo han cambiado vertiginosamente. El PP, en cambio, rechaza tajantemente cualquier cambio, por pequeño que sea, y ha exigido a CiU que frene cualquier reforma.