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La firma de cable Menta ya no está sujeta a sus compromisos de inversión

Menta, la primera de las dos operadoras que obtuvieron una concesión de telecomunicaciones por cable en Cataluña, no está obligada a cumplir los compromisos de inversión que asumió en 1997, según fuentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estos compromisos incluían un desembolso de 155.000 millones de pesetas que se debía realizar en 10 años para modernizar las infraestructuras mediante el despliegue de la red de cable. La empresa sostiene que se atendrá al compromiso.

Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, al que la Generalitat ha pedido aclaraciones sobre las obligaciones precisas que deben cumplir tanto Menta como Telefónica, las operadoras de cable han quedado exoneradas de sus compromisos de inversiones a raíz de la transformación de los títulos en licencias B1 (para ofrecer telecomunicaciones con red). Todas las operadoras de cable con concesión ya han visto transformados sus títulos en licencias. Éste no es, sin embargo, el caso de Telefónica Cable.

'Si pueden hacer lo mismo con menos dinero del que se comprometieron a desembolsar en el momento de la concesión a causa de la evolución de la tecnología, el Gobierno no se va a meter', dice el ministerio que dirige Anna Birulés.

Sin embargo, las demás condiciones básicas asumidas por Menta y el resto de los operadores se mantienen a rajatabla. Es decir, los plazos para desplegar el cable en el territorio y la calidad del servicio que se debe dar al usuario continuarán siendo una obligación ineludible para los operadores. Éstos también deberán atenerse a los acuerdos que hayan cerrado con las instituciones públicas, como las universidades.

La exoneración del compromiso de inversiones no implica que Menta y el resto de los operadores dejen de realizar necesariamente el desembolso. Según fuentes de la Secretaría para la Sociedad de la Información, representantes de Cable i Televisió de Catalunya (CTC), la empresa que opera bajo la marca comercial de Menta, se reunieron con esta entidad de la Generalitat hace escasos días y reiteraron que van a cumplir todos sus compromisos. Por el momento, el ritmo de inversiones se ha puesto al día, y Menta niega categóricamente que vaya a dar servicios con tecnología ADSL, una tecnología menos costosa que extender el cable.

En cuanto al número de clientes abonados, la empresa continúa sin desvelar las cifras. La dirección general sigue vacante tras la salida de Salvador Martí, hace cerca de dos meses.

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La misma vara para todos

En el caso de Telefónica Cable, cuyos títulos aún no han sido transformados en la correspondiente licencia, el meollo de la cuestión radica en saber si entre los compromisos adquiridos figura alguna tecnología en particular, ya que el operador dominante ha optado por el ADSL, que le permite utilizar su red actual, con adaptaciones en las centrales telefónicas y en los aparatos receptores del usuario.

A este respecto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología afirma que entre las obligaciones adquiridas por el conjunto de operadores 'no se impone el uso de ninguna tecnología en particular, pero sí se les exige que la red que construyan tenga capacidad suficiente para dar los servicios de banda ancha que se han comprometido a dar'. Así, en el caso de Telefónica Cable, 'se aplicará la misma vara' que al resto de los operadores de cable cuando disponga de la correspondiente licencia. 'Telefónica tendrá que demostrar que con su red puede dar servicios de televisión por cable'. Habrá que ver si las propuestas que haga en su momento el operador dominante evidencian la suficiente capacidad de su red.

Por el momento, ni el ministerio que dirige Birulés ni la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), el órgano que regula este sector, han contestado formalmente a los requerimientos de la Generalitat. A la CMT también se había dirigido el consorcio de ayuntamientos Localret, pero para pedir aclaraciones exclusivamente en el caso de Telefónica por el giro que ha dado a su estrategia.

Este giro ha causado revuelo, desconcierto e inquietud entre los operadores de cable, atados por las condiciones que se les impusieron a cambio de la concesión. La nueva apuesta de Telefónica, que implica menores inversiones nuevas (50.000 millones de pesetas en Cataluña) para extender la red de cable, se suma a la proliferación de competidores en un mercado liberalizado que no existía cuando la obtuvieron, los cuales no están sometidos a los mismos compromisos.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) no ha recibido, por el momento, ninguna petición formal de los operadores de cable para que se les exima de cumplir las condiciones que asumieron. Pero numerosas fuentes del sector dan casi por hecho que acabarán planteando una exoneración de sus compromisos ante el incierto futuro de sus inversiones.

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