La oscura bodega del Priorat
El juicio por las irregularidades en el Consejo Comarcal cerrará una etapa cuyos protagonistas han desaparecido de la vida pública
El Priorat está en boca de todos ahora, fundamentalmente, por la excepcionalidad de sus vinos y por el milagro económico que las bodegas han realizado en una comarca que hasta hace poco era de las más deprimidas de Cataluña. Cinco años atrás, los titulares de los periódicos se referían sobradamente al Priorat, pero para dar cuenta de uno de los mayores escándalos de la Administración catalana, surgido en el Consejo Comarcal, que estaba presidido por el convergente Josep Maria Buil. Cinco políticos (el ex presidente, dos empresarios, el secretario y el gerente de la entidad) se sientan en el banquillo y se enfrentan a 56 años de prisión acusados de malversación de caudales públicos, estafa y falsedad documental. Xavier Pomés, consejero de Gobernación entonces, y Pere Pujol, hijo del presidente de la Generalitat, figuran como testigos en el proceso.
El escándalo Priorat estalló en 1995. Unió Democràtica (UDC) se hacía, aun sin desearlo, con la presidencia del Consejo Comarcal tras los acuerdos alcanzados con su socio de coalición. Desde hacía años corría por la comarca el informe Miralves. Manel Miralves, que era alcalde de Marçà, denunció irregularidades y 'desenfado' en los mecanismos contables de la entidad. Miralves había presentado su dimisión por ello como tesorero en 1993. Pero el escándalo estalló al completo con el nombramiento del alcalde de Ulldemolins, Jaume Figueras (Unió), como presidente del consejo. Su testimonio y el de Marc Escolà, gerente entrante como sustituto de Enric d'Anguera (el fiscal pide para él 15 años de inhabilitación y 13 de prisión), serán de los más esperados.
Caminos fantasma
Escolà decidió acudir a la fiscalía tras intentar poner orden en las cuentas del organismo comarcal: empresas que habían cobrado sin realizar ninguna tarea, trabajos por los que se desembolsaron facturas dobles, caminos fantasma que constaban como hechos, petición de subvenciones para proyectos inexistentes...
La auditoría interna del Consejo Comarcal respecto a los ejercicios de 1993 y 1994 se vio incapacitada para cuantificar el 'agujero contable'. La encargada a la Sindicatura de Cuentas por el Parlament (se tuvo que repetir en dos ocasiones) cifró en 117 los millones no controlados, en una actuación muy críticada por la filiación del síndico Xavier Vela (CDC). Vela criticó tanto la falta de documentación como la situación del archivo del consejo, atribuibles a los nuevos gestores. Éstos, con Marc Escolà a la cabeza, recordaron que el entonces secretario de política municipal de CDC, Antoni Cruells, tenía documentación del consejo.
El PP y CiU consiguieron en el Parlament evitar que el síndico concretara las posibles responsabilidades de los políticos del consejo. La situación se agriaba en la comarca. Los políticos de CDC, tras la dimisión de Josep Maria Buil, se pasaron a la oposición y lucharon para presentar una moción de censura que fue retrasada todo lo posible por el equipo de Figueras, que tuvo en los miembros de la Federación de Independientes de Cataluña sus principales apoyos. La moción de censura se presentó a finales de 1996 y CDC puso su confianza en la alcaldesa de Masroig, Roser Vives. El socialista Salustià Álvarez la sustituyó mediada la legislatura.
Joan Borja (PSC), miembro de la comisión de medio ambiente, así como Jaume Ferrús y Jaume Vallés (CDC), acabaron imputados, junto con Buil y Anguera, a quienes el fiscal acusa de connivencia para cometer las irregularidades financieras. Buil debe hacer frente a una petición de 6 años de prisión y 10 de inhabilitación; los gerentes de las empresas Ecológica -Armand Gutiérrez- y Ieder -Francesc Puertas- se enfrentan a una petición de 10 años de cárcel, el primero, y 3 años y medio, el segundo. En la primera empresa trabajó alguien que comparecerá como testigo: Pere Pujol.
Borja fue el primero en dimitir como consejero y, después de una gran polémica en el partido, los dos convergentes le siguieron. Se enfrentan a cuatro años y medio de prisión y ocho años de inhabilitación.
Gran parte de los implicados ha dejado de tener presencia pública, los independientes se han consolidado en la zona y la capital, Falset, no ha vuelto a ser nunca convergente. Pero más allá de las consecuencias judiciales, el escándalo sirvió para reabrir el debate sobre la eficacia de los organismos comarcales y la decisión del Gobierno autónomo de poner en marcha un sistema nunca dotado de capacidad ejecutiva.
