La UE lleva la vía férrea en Benicàssim al Tribunal de Luxemburgo
La Comisión Europea ya paralizó la financiación del tramo de la línea en Benicàssim en mayo pasado
Fuentes de este último departamento aseguraron ayer desconocer el contenido de la denuncia y únicamente remitieron a un estudio de impacto ambiental que sobre la modificación número 3 del proyecto publicó la dirección general de Ferrocarriles el pasado día 3 de enero, cuando las obras están prácticamente concluidas. La modificación se realizó sobre la partida Cantallops, en Benicàssim, donde los terraplenes fueron sustituidos por un viaducto. Sin embargo, el informe señala dos lugares, que se encuentran al margen de la modificación 3, como de gran impacto. Uno de ellos es el tramo ubicado junto a las escuelas, sobre las que se determina que será necesaria la instalación de escudos contra el ruido.
La asociación se compone de propietarios afectados por el proyecto que, además, denunciaron irregularidades en la tramitación de las expropiaciones y cuyas fincas acabaron finalmente ocupadas, en marzo de 1999, ante la presencia de la Guardia Civil enviada por el subdelegado del Gobierno, Vicente Sánchez Peral.
El desalogo forzoso de los propietarios sucedió después de que el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, fijara en esas fechas el inicio de la obra, objetivo para el que aseguro que emplearía la fuerza, en el caso de que así se precisara, hecho que ocurrió. Fuentes de la asociación aseguraron ayer que estudiarán el informe publicado ahora por Fomento para presentar alegaciones. Además, el colectivo estudia la manera de que las cámaras pidan explicaciones al Gobierno sobre este tema.
La financiación de la obra en este tramo contaba con un presupuesto de 6.000 millones de pesetas, financiado en un 85% por el Fondo de Cohesión, es decir, con más de 5.000 millones de pesetas. Sin embargo, esta financiación ya fue paralizada el pasado mes de mayo, después de que la Comisión Europa remitiera a Fomento una carta de emplazamiento para que alegara los motivos por los que se había producido esta falta de un estudio específico sobre impacto ambiental.
En el citado escrito, además, se anunciaba que la Comisión Europea se reservaba el derecho a realizar un dictamen motivado, derecho que ha ejercido ahora contra España para presentar la denuncia ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Segundo requerimiento
Sin embargo, ésta no era la primera vez que la Comisión Europea enviaba una comunicación a Fomento sobre este tramo ferroviario, ya que, en mayo de 1999, la Comisión ya instó al ministerio que se defendiera de las acusaciones realizadas por el colectivo. El departamento que ahora preside Francisco Álvarez Cascos alegó que la declaración de impacto ambiental se encontraba incluida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benicàssim, en el que, sin embargo, se señala que este proyecto precisa de una declaración específica.
Así, la carta de emplazamiento remitida en mayo señalaba que la declaración del PGOU no exime de la realización de una evaluación y declaración específicas, dado el escaso grado de detalle. La directiva que, al parcer, vulnera el proyecto e la 337/85, que obliga a la declaración de impacto ambiental específica a las centrales nucleares, autopistas, presas y ferrocarriles.
