Modrego precinta una empresa de Torrent por vertidos tóxicos a L'Albufera y ordena clausurar otra en Alicante

La Consejería de Medio Ambiente, dirigida por Fernando Modrego, del PP, anunció ayer que ha ordenado a la Policía Autonómica que precinte los sistemas de vertido de aguas residuales de dos empresas, ubicadas en Torrent y en Alicante, que contaminaban con sus residuos líquidos, considerados tóxicos. Los agentes ya clausuraron ayer los vertidos de Spania Brass, SA, una mercantil que se dedica a los cerramientos mecánicos y que vertía directamente sus residuos líquidos a la red del alcantarillado municipal de Torrent, con lo que la contaminación emitida acababa en el barranco de Chiva y, de ahí, al parque natural de L'Albufera. Ahora, la empresa se verá obligada a gestionar sus aguas residuales con un gestor autorizado o bien a instalar un sistema de tratamiento para la depuración de sus vertidos, 'todo ello sin perjuicio de la sanción que pudiera resultar de la tramitación del correspondiente expediente sancionador', según aclaró la consejería.

En cuanto a la mercantil alicantina contaminante, Lacados Metálicos Alicante, SA, Medio Ambiente espera que los agentes autonómicos precinten hoy su sistema de vertidos, que emitía líquidos procedentes del sistema industrial de anodizado y lacado del aluminio.

Medio Ambiente explicó ayer que ha realizado 553 inspecciones en la cuenca hidrográfica de L'Albufera, que ha abierto 131 expedientes sancionadores y que, con la de ayer, ya se han cerrado 22 industrias.

Además, informó que en noviembre pasado trasladó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia los expedientes abiertos a dos empresas que también contaminaban en el parque natural de L'Albufera. Se trata de Sebos Levantinos, SA, ubicada en Silla, y Solenre, SL, en Sollana. Ambas empresas, sancionadas con multas de 21 y 11 millones de pesetas, respectivamente, lanzaban sus vertidos contaminantes a las acequias Barranquet del Albudor y del Pontasgo, que confluyen en el lago de L'Albufera. Ante la gravedad de los vertidos, Medio Ambiente puso el tema en manos de la Fiscalía por si constituyeran un delito ecológico.