Un año después de la intervención judicial Gil dice que el daño causado al club "no tiene remedio"
Hoy se cumple un un año desde la fecha en que el juez Manuel García Castellón decretó la intervención judicial del Atlético. Entonces, el equipo jugaba en Primera, disputaba la UEFA y Jesús Gil, propietario del club, tenía el apoyo mayoritario de la masa social. 365 días después, el Atlético sufre en Segunda, sigue bajo el control de un interventor judicial y la afición exige la marcha del presidente. Según Gil, todo es "un atraco" por "intereses políticos" donde "lo deportivo no tiene nada que ver". Hoy hace un año, un nutrido grupo de guardias civiles se presentaba en las oficinas del Atlético de Madrid con un auto judicial bajo el brazo. "Se decreta la intervención y administración judicial del Atlético de Madrid, con remoción de su cargo y funciones de los administradores actuales", rezaba el auto con el que el juez destituía a la familia Gil de sus cargos y ponía el club en manos del administrador Luis Manuel Rubí.
La medida perseguía la investigación de, entre otros, los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil que, según la Fiscalía Anticorrupción, están cifrados en 9.427 millones de pesetas. Al instante, Gil aseguró que era el "el precio a pagar por la aventura de Ceuta y Melilla [donde su partido fue el más votado en las elecciones municipales]".
Aunque la intervención judicial sólo era un asunto de funcionamiento interno del club, el club se vino abajo. Un año después, malvive en Segunda, las operaciones siguen bajo la supervisión de un interventor y la hinchada reclama la marcha de Gil por, entre otras cosas, la desarticulación de la plantilla y la descapitalización del club, al que, según Gil, "la intervención ha dañado sin remedio". Paradójicamente, de los 27.000 abonados de hace un año se ha pasado a 42.000, que le convierten en el tercer club de España por número de seguidores, tras Barça y Madrid.
El presidente del Atlético se defiende, y reafirma que detrás de la medida no hay más que un objetivo: "Quitarme de enmedio, arruinarme y desacreditarme públicamente". El auto de García Castellón, sin embargo, estaba respaldado por una peticion del fiscal anticorrupción, Carlos Castresana, quien considera que, entre otros delitos, en 1992, durante la conversión del club en sociedad anónima, Jesús Gil y Enrique Cerezo (vicepresidente) se hicieron con el 94,5% de las acciones del Atlético "sin desembolsar" los 1.950 millones que costaban y se apropiaron de los 112 que pagaron el resto de accionistas por el 5,5%. El fiscal, además, considera que Gil se valió de diversos artificios fiscales para, entre junio de 1992 y diciembre de 1997, "apoderarse de cantidades pertenecientes al Atlético" hasta llegar a adeudar al club alrededor de 2.700 millones.
Gil descarta cualquier irregularidad -"la intervención ha demostrado que el Atlético es el club mejor llevado", dice- y rechaza la ampliación de capital que reclaman algunos sectores de la masa social para que el equipo pase a otras manos, pero tampoco espera que la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil ponga fin a la irregular situación que atraviesa el Atlético.
