Sobre Endesa & Iberdrola GERMÀ BEL
La noticia económica de los últimos tiempos ha sido el anuncio de la fusión de Endesa e Iberdrola. El asunto continuará suscitando interés durante semanas, pues es innegable su importancia tanto para la configuración empresarial del sector de la energía como para la estructuración del poder económico en España. Esta operación de concentración empresarial ofrece un buen ejemplo de los nuevos problemas para la competencia. O quizá sea más apropiado decir viejos problemas con nuevos rasgos.En los últimos años se ha instaurado un consenso respecto a la conveniencia de acentuar las reformas orientadas a introducir competencia en los mercados de bienes y servicios. Es una recomendación razonable para la política económica, porque la competencia es, muchas veces, capaz de conseguir mejores calidades y precios para los consumidores, además de aumentar sus posibilidades de elección. Y el aumento de las opciones de los ciudadanos es un objetivo deseable en una sociedad moderna.
Sin embargo, de ahí no se deduce la necesidad de que desaparezca la intervención del Estado sobre los mercados. Una parte consustancial de la liberalización es la acción pública orientada a garantizar el funcionamiento competitivo de nuevos mercados liberalizados, porque es la competencia, más que el libre mercado, la que puede contribuir a que los beneficios de la liberalización lleguen a los ciudadanos, en lugar de quedar extraviados entre recodos de beneficios extraordinarios para empresas con gran poder de mercado.
En un entorno como el actual, en el que los cambios tecnológicos y legales han ampliado los espacios abiertos a la competencia, crece rápidamente el número de fusiones entre empresas que pueden tener, eventualmente, efectos perjudiciales sobre la competencia. El acuerdo entre Endesa e Iberdrola es susceptible de situarse dentro de esta categoría. El motivo estándar que se da para casi cualquier fusión es el de reducir costes a través de la concentración. Pero estudios de reputadas empresas de consultoría financiera sobre resultados de fusiones y su valoración por los mercados de capitales conducen al escepticismo sobre esta motivación.
Me parece una hipótesis verosímil que muchas de las fusiones y operaciones de concentración empresarial son una respuesta defensiva a la amenaza de la apertura de los mercados; unirse con un competidor es una manera de eludir los riesgos y la disciplina que impone la competencia. En cualquier caso, es evidente que en muchos sectores, particularmente en los servicios de red, estamos llegando a una situación en la que las relaciones entre unas pocas empresas de gran dimensión se parecen a una telaraña, con los riesgos derivados en términos de ausencia de competencia y concentración de poder económico.
En países con larga tradición de legislación antimonopolio existen órganos públicos, independientes del gobierno, encargados de autorizar o rechazar fusiones como la planteada en España. Ahora mismo, Texaco y Chevron, dos compañías petroleras de Estados Unidos, han aprobado su fusión, y la Comisión Federal de Comercio es el órgano encargado de aprobar -o no- esta operación, atendiendo únicamente a los perjuicios que la misma pueda entrañar para la competencia en el sector de la distribución de productos petrolíferos. Por supuesto, el Gobierno estadounidense debe quedar totalmente al margen de este proceso, y sería impensablecualquier tipo de negociación entre el secretario de Economía y los presidentes de las compañías candidatas a la fusión. En EE UU la distinción entre poder del Estado e intervención del Gobierno, la distinción entre Estado y Gobierno, está asentada desde hace mucho tiempo. En la Unión Europea, países como Reino Unido, Alemania e Italia han avanzado en esta misma dirección, atribuyendo a organismos estatales independientes del Gobierno la función de autorizar las fusiones. En cambio, en España, el Ejecutivo retiene todavía para sí tal potestad. Esto plantea el problema de que el Gobierno puede dar prioridad a objetivos diferentes de la protección de la competencia, como por ejemplo facilitar la expansión internacional de grandes empresas españolas financiadas con las altas tarifas que pagan los consumidores y las pequeñas y medianas empresas, que continúan sin poder elegir libremente el suministrador eléctrico. Desde luego, es de desear que el Gobierno atienda básicamente a la protección y al fomento de la competencia para tomar su decisión sobre la fusión de Endesa e Iberdrola. Los consumidores y el tejido productivo se lo agradeceríamos.
En cualquier caso, esta operación es un ejemplo de la necesidad de la acción pública para garantizar la existencia de condiciones de competencia en algunos sectores. Considerar que una vertiente importante de la intervención del Estado es la política de liberalización puede sorprender a quienes se han acostumbrado a tratar al Estado y al mercado como dos realidades intrínsecamente opuestas, a ver contradicciones permanentes entre lo público y lo privado; es decir, tanto a los idealizadores del Estado como a los idealizadores del mercado. Sin embargo, en una aproximación más laica y menos dogmática, la cuestión central es analizar cuál es el espacio adecuado para cada uno de ellos, y cómo cada uno puede ayudar al otro a hacer lo que le es propio.
Germà Bel es profesor de Política Económica de la UB y diputado del PSC en el Congreso.
