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Tribuna:Los problemas de la política científica
Tribuna
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El déficit de la investigación en España

El Gobierno español está incluyendo en los presupuestos destinados a I+D+I partidas con finalidades militares y se manifiesta sorpresa por tal hecho e incluso se habla de haber descubierto el camuflaje. En realidad, el Gobierno nunca ha ocultado cuál era la distribución de recursos presupuestarios y así, la extinta OCYT (Oficina de Ciencia y Tecnología), suministraba el año pasado el gráfico adjunto.Se daba también el dato de que en los presupuestos del año 2000 el total de la Función 54 (la que recoge todos los recursos destinados a I+D de los Presupuestos Generales del Estado) sería de 508.120 millones de pesetas corrientes (342.656 millones de pesetas de 1990) y que sin el capítulo VIII (que recoge los créditos a empresas para proyectos militares y otros) el esfuerzo presupuestario sería de 242.055 en pesetas corrientes, es decir, de 163.536 en pesetas de 1990. Por tanto, un esfuerzo todavía inferior al de dicho año. De haberse mantenido la cantidad del año 1990, en esta década habrían entrado en el sistema de I+D 459.503 millones de pesetas de 1990 más.

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Una primera deducción de la gráfica es que los recursos destinados a la investigación en los Presupuestos Generales del Estado disminuyeron extraordinariamente durante toda una década, la de los 90, particularmente crítica, y que el sistema de ciencia y tecnología debe haber quedado seriamente afectado en sus posibilidades. Así, toda una generación de jóvenes investigadores no habrá encontrado un ajuste adecuado y el rejuvenecimiento de los cuadros en la universidad y los organismos públicos de investigación (con jubilaciones masivas dentro de pocos años) no se podrá efectuar adecuadamente si no se toman medidas rápidamente.

Francia, por ejemplo, con una población 1,5 veces superior a la española y un PIB per cápita de 1,2 veces más (medido en dólares equivalentes en poder adquisitivo), el gasto en educación superior, per cápita, es de 7.177 dólares, frente a 5.166, en España, según los datos de OCDE in figures, 2000. El gasto en I+D en Francia representa el 2,24% del PIB frente a menos del 0,9% en España, lo que en realidad supone un esfuerzo no de un poco más del doble sino de casi cinco veces. Francia tiene casi el doble de investigadores per capita que España (60 por cada 10.000 habitantes frente a los 33 de España, bien a la cola de la UE y de la OCDE) y un capital humano total de tres veces más investigadores.

La falta de un esfuerzo continuado en I+D se manifiesta también en el bajo número de grandes o medianas instalaciones científicas en España: de hecho, al sur de la línea Milán-París-Londres hay un gran vacío, si se compara con las existentes al norte de Europa. Por ello, no es de extrañar que sólo el 4,5% de las becas Marie Curie de acceso a instalaciones científicas (incluyendo fondos de documentación y archivos) sean para venir a centros españoles (5 de los 111 centros seleccionados).

Es curioso, sin embargo, que, cuando se da la voz de alerta sobre este aspecto, la respuesta sea que España obtiene muy buenos resultados en el programa de becas de la UE. En efecto, estamos enviando un buen número de nuestros más prometedores investigadores a trabajar a los laboratorios europeos, especialmente a Gran Bretaña y Francia, para avanzar en sus proyectos. De acuerdo que es muy importante la excelente formación que recibirán (ellos y ellas ya son excelentes), pero su retorno e inserción adecuados es más que complicado. Alguna visita a universidades o centros de investigación europeos basta para que cause asombro que se diga que las dotaciones en infraestructura ya no son tan necesarias.

No quiero dejar pasar por alto tampoco la consideración de la inestabilidad de los organismos estatales gestores de la I+D: después de la desaparición del Ministerio de Universidades e Investigación con la UCD y la vuelta al de Educación y Ciencia, la creación de la CICYT (la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, en denominación oficial aunque popularmente se seguía calificando como la "asesora" para la comisión y, sobre todo, para los proyectos de investigación), vimos la "C" convertida en "Cultura", la aparición de la OCYT y ahora la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del que sorprendentemente la universidad queda formalmente desvinculada, a pesar de que es la institución que realiza la mayor parte de la investigación pública.

Tal vez sea debido a estas modificaciones de organigrama que tanto en el año 1999 como, según dicen, en el 2000 no se hayan aprobado nuevos proyectos de investigación (las "asesoras" concedidas en el 2000 corresponden a la convocatoria de 1998), con lo que la situación de muchos grupos de investigación es, sin demagogia alguna, muy complicada, a no ser que dispongan de financiación europea, también difícil en muchos casos por la reorientación introducida en el V Programa Marco de la UE. ¿Es cierto, por otra parte, como afirma la oposición, que no se ha realizado todo el gasto previsto? De serlo es difícil de justificar y se debería rectificar rápidamente.

Precisamente esta orientación es muy similar a la que inspira el Plan Nacional de I+D+I, lo que ya de entrada causa problemas en el sentido de cuál es la interpretación que se está dando al principio de subsidiariedad. Uno de los objetivos de ambos planes es el de combatir la llamada "paradoja europea": nuestro continente es superior a EE UU y Japón en producción de trabajos científicos, pero muy inferior en el número de patentes registradas y en la transferencia de tecnología desde los laboratorios a la industria o la empresa en general. Un análisis más detallado de lo que está sucediendo revela que en términos de productividad (per cápita) la europea es considerablemente inferior a la americana, incluso si sólo se tiene en cuenta los países más productivos. Que mientras Europa es más potente en áreas como química y física, EE UU lo es en las disciplinas que están más en la base de la nueva economía: biología molecular y celular, biotecnología, ingeniería biomédica e informática. El declive en la I+D+I europea, especialmente en el sector industrial (con excepciones, como los países escandinavos) debe tener un componente en el interior de las propias empresas que han disminuido su esfuerzo en Europa, al mismo tiempo que cada día realizan una parte significativa del mismo fuera de su país de origen y, más en concreto, en EE UU. Por lo menos un tercio de la I+D+I de las grandes empresas de base europea se realiza fuera de su país de origen, un 20% en EE UU.

Se observa que los departamentos de I+D+I de estas empresas se localizan principalmente en las zonas en donde se concentran los laboratorios y universidades de prestigio y en este sentido uno se pregunta si los planes que se desarrollan en Europa y en España van el orden adecuado. Es decir, la experiencia americana muestra que el apoyo gubernamental a la investigación académica de calidad tiene efectos económicos positivos, tanto por la creación de oportunidades tecnológicas y económicas, como por la formación de capital humano. El profesor Rolf Tarrach, actual presidente del CSIC, citaba recientemente una carta de los industriales americanos a su Congreso en la que se pedía que hubiera una financiación importante para la investigación básica y la formación, que ellos ya se encargaban del resto. La situación española no cuenta con lobbies industriales con esta mentalidad, y además ¿quién les obligará a realizar convenios con universidades o centros españoles si encuentran en otros países mejor ofertas? La globalización afecta al I+D+I. Desisto de proclamar ahora que la universidad está abierta a la colaboración con la sociedad.

Un prestigioso investigador catalán afirmaba recientemente que el equipo directivo de la ciencia y tecnología actual es el mejor en mucho tiempo. Desde luego es muy bueno, su excelente curriculum investigador y sus manifestaciones públicas son esperanzadoras, de forma que creo que el problema no lo tenemos con ellos sino con los ministros y consejeros de Economía. Ahora que se está en la discusión de los presupuestos del año 2001 se tiene la ocasión, inexcusable, de modificar la tendencia que ilustra la gráfica del principio de este artículo, tanto por razones éticas como para tender a un auténtico déficit cero. Si se tiene voluntad política, recursos los hay. En palabras del presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados "ahora ya no hay excusa". La participación de España en la construcción de un espacio europeo de investigación está en juego

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