Aclaración
Me dirijo a usted en relación al artículo Los militares dan un paso al frente (EL PAIS, 13 de julio de 2000), en cuyo subtítulo se lee: "Los ejércitos que sostuvieron dictaduras en el Cono Sur comienzan a reconocer violaciones a los derechos humanos".Considero que se trata de un titular desafortunado que puede confundir a sus lectores sobre la verdadera naturaleza de las reivindicaciones con que las Fuerzas Armadas presionan y amenazan a sus respectivos Gobiernos.
Para el caso argentino, que es el que de manera prioritaria sigue la asociación que presido, creo conveniente aclarar:
1. El reconocimiento expreso de las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983) ya fue hecho en 1998 por el entonces jefe del Ejército, general Martín Balza. Consistió en una "autocrítica" cuajada de eufemismos y fue seguida de una promesa de aportar la información disponible sobre el destino de los 30.000 desaparecidos, de los más de 600 bebés apropiados durante el cautiverio de sus madres y de otras atrocidades similares cometidas por las Fuerzas Armadas argentinas. Aún hoy se continúa en espera de esa información.
2. La actual iniciativa militar de constituir las llamadas "mesas de diálogo", en la que deberíamos participar los organismos de derechos humanos, junto a la Iglesia y las Fuerzas Armadas, es sólo una fórmula para canjear la información del genocidio cometido por nuevas garantías de impunidad que les permitan eludir las numerosas demandas judiciales en las que comienzan a ser procesados.
3. Dado que los delitos cometidos son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados, la información de la que disponen la deben aportar ante cualquiera de los tribunales o juzgados que tienen hoy día causas abiertas por estos crímenes en Argentina, España, Italia, Francia o Alemania.
4. En nuestro caso particular, y por estar constituidos como "acusación popular" en el sumario que por estos delitos instruye el juez Baltasar Garzón, en la Audiencia Nacional española seguiremos reclamando que se cumpla la orden de detención librada a comienzos de este año contra 48 imputados argentinos. El Gobierno del presidente De la Rúa mantiene secuestrada desde entonces la demanda judicial española, lo que constituye una clara violación de lo dispuesto en el convenio hispano-argentino de extradición y cooperación penal, vigente desde 1990.
5. Los sobrevivientes, los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos nunca hemos demandado una ceremonia oficial u oficiosa de reconciliación con los agresores. Hemos exigido y seguimos exigiendo conocer la verdad de lo ocurrido y que la justicia actúe en consecuencia.- Mónica Cavagna. Presidenta de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos. Madrid.
