Olvido o error
La denominación oficial de la llamada Ley de Extranjería es Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. El título es suficientemente expresivo como para alertar a alguien medianamente avisado sobre la exigencia institucional de que un anteproyecto legislativo que afecta a derechos fundamentales de la persona sea sometido al dictamen preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Gobierno, sin embargo, obvió ese trámite previo a la aprobación del proyecto de reforma de la ley y se ha visto obligado a cumplimentarlo 15 días más tarde, a requerimiento del CGPJ.Olvido o ignorancia, lo sucedido deja en muy mal lugar al Ejecutivo y a sus asesores legales. El delegado para la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, ha admitido que "no se consideró necesario" remitir el anteproyecto al CGPJ. Es una confesión apenas velada de esa increíble ignorancia del Ejecutivo o, en todo caso, del pésimo asesoramiento que ha tenido en la materia. A ello no es ajeno, seguramente, que el proyecto de Ley de Extranjería haya sido elaborado por entero en los dominios del Ministerio del Interior, con escasa participación del Departamento de Justicia. Sin duda, el equipo de Interior ha estado tan absorbido en la defensa política de su reforma y la urgencia de sacarla adelante que no ha reparado en su incidencia directa en derechos constitucionales básicos como la tutela judicial efectiva.
No es probable que el patinazo del Gobierno modifique el calendario previsto sobre la reforma. El CGPJ dispone de 15 días para emitir su informe, por lo que no es descartable que el Consejo de Ministros pueda remitir el proyecto de ley al Congreso antes de irse de vacaciones. El informe no es vinculante para el Gobierno, pero en cuestión de derechos fundamentales y de su tutela judicial es poco menos que obligado escuchar al CGPJ y atender sus observaciones. El proyecto del ley sigue dejando mucho que desear en cuanto al reconocimiento de una tutela judicial plena a los inmigrantes. En un Estado de derecho no es fácil eludir los controles previstos. Siempre hay alguien con autoridad que saca la tarjeta roja: por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Si en 1985 el Gobierno socialista de entonces hubiera atendido en todo el informe del CGPJ sobre la anterior Ley de Extranjería es posible que no hubiera dado ocasión al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucionales, dos años más tarde, varios de sus preceptos.
