El Banco de España señala que el aumento del consumo y del endeudamiento redujo el ahorro
El saldo entre lo que se paga en impuestos y lo que se recibe en prestaciones sociales fue muy favorable el pasado año para las economías familiares. Tan favorable como cuatro veces más que en 1998 -412.000 millones de pesetas, frente a 100.331-, lo que se explica, sobre todo, por la rebaja del IRPF. Según el Banco de España, la renta familiar se elevó un 6,4% el pasado año, y de ese aumento, siete décimas se explican por esa menor carga fiscal. Sin embargo, en términos reales, la renta familiar creció menos que el pasado año -un 3,1%, frente a un 3,7%-, porque la inflación fue más alta. Es decir, se creó ilusión monetaria, lo que, unido a las ganancias en Bolsa y a la revalorización de los inmuebles, disparó el consumo y redujo el ahorro.
El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Jordi Sevilla, se mostró ayer partidario de la desaparición de la acción de oro, la capacidad que se reserva el Gobierno para influir en las decisiones estratégicas de las empresas privatizadas.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó ayer que alrededor de 40.000 pequeñas y medianas empresas (pymes) se podrán beneficiar de forma inmediata de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno, que incluyen una rebaja del impuesto de sociedades y apoyos a la innovación tecnológica, y añadió que en una segunda fase estos beneficios se extenderán a dos millones de empresarios autónomos y microempresas.
ABEL CABALLERO | en la gasolina sin plomo, superando holgadamente su precio base, 55 pesetas/ litro el día 15 de mayo, son un importante factor limitativo de la competencia. Un hipotético y muy importante esfuerzo por competir de una compañía, reduciendo el precio en un 20%, 11 pesetas/ litro, resultaría en un recorte de solamente el 9,3% del precio final, lo que, dada la baja elasticidad/ precio de estos productos, retrae aún más la ya escasa disposición de las compañías a reducir sus precios. Como consecuencia de esta estructura, las petroleras españolas se están mostrando en las últimas semanas imparablemente proclives a subir los precios. Así, en el periodo de marzo al 15 de mayo, España fue el tercer país europeo que más encareció sus gasolinas (2,9 pesetas/ litro, mientras Francia mantenía los precios y Alemania (-5,3) y Portugal (1,3) los bajaban). A principios del mes de mayo, el Gobierno paralizaba la fusión de Telefónica con la holandesa KPM, que los mercados e inversionistas habían recibido con enorme estusiasmo. Esta decisión le costó a Telefónica en el mercado de capitales de Madrid, y en una sola sesión, casi un billón de pesetas en su valor capital de mercado y una seria caída en su prestigio y fiabilidad internacional. Pero éste no fue un hecho aislado. La anterior polémica decisión de remunerar a sus directivos a través de stock options y la ulterior, y también polémica, compra de Lycos por Terra, filial de Telefónica, no contribuyeron a sosegar el clima en torno a esta empresa. En solamente dos meses, Telefónica pasó de valer 18 a 13 billones. Y si esto no cambia, tarde o temprano los consumidores, además de sus accionistas, acabarán pagando estas ineficiencias. El sector de las telecomunicaciones, a pesar de su imparable liberación, sigue siendo un monopolio de hecho. Telefónica mantiene en los subsectores liberalizados cuotas de mercado que alcanzan el 90%, además de detentar el monopolio de las llamadas metropolitanas, que facturan el 25% del total de la telefonía fija. Solamente la telefonía móvil, con Airtel ocupando el 30% del mercado al lado del casi 70% de Telefónica y los nuevos operadores buscando un sitio al sol, presentan un panorama más abierto. Pero incluso aquí, las prácticas de interconexión establecidas por el operador mayoritario, que ejerce su peso en las negociaciones bilaterales, restringen la competencia. Al no ser éste un sector en el que la competencia entre iguales esté instalada, las prácticas empresariales y financieras de la empresa masivamente líder repercuten sobre toda la estructura del sector y finalmente sobre los usuarios. Así, por ejemplo, la cuota fija de abono se establece en base a los costes demostrados, cuya red de acceso, el "bucle del abonado", monopoliza Telefónica. El Gobierno no esperó a que se estableciese la competencia para llevar a cabo la privatización total de Telefónica, asegurando su cúpula y el detentador de la acción de oro, condujeron al veto, por razones insuficientemente explicadas, de la fusión de Telefónica con KPM, y causaron aquellas importantísimas caídas del valor capital de la compañía. El Gobierno, o se equivocó cuando designó el actual equipo de dirección y precipitadamente privatizó Telefónica o se equivocó ahora. Las telecomunicaciones, petróleo y electricidad son tres sectores estratégicos en una economía. Influyen en los costes y en el progreso tecnológico de todo el sistema, y con ello, en su competitividad. Y en España las equivocaciones, los bandazos, los criterios arbitrarios, en suma, la inseguridad, parecen ser la tónica dominante en las decisiones políticas que les afectan. Quizás sea debido a que la ligazón de los núcleos directivos de las empresas líderes con el Gobierno no encaje con la necesaria independencia que reclama la competencia, lo que puede acabar afectando a la sólida profesionalidad tradicional de aquellas empresas.La buena marcha de estos sectores, que además de su influencia en la competitividad facturan una cifra en torno al 10% del PIB español, requiere de actuaciones más que epidérmicas sobre su estructura y dirección, facilitando la competencia sin cercenar el necesario tamaño que les permita actuar en el ámbito internacional en el que, con la globalización, se están produciendo concentraciones y alianzas. Es en estas actuaciones, difíciles y de gran trascendencia, donde se mide la capacidad de la política y de los políticos. No en formar núcleos de dirección en base a afinidades políticas y personales que finalmente cuestan muy caros a la economía española
