La sanidad valenciana no dispone de normativa alguna para contabilizar las listas de espera La consejería justifica sus datos en un decreto que no diferencia según el tipo de anestesia
Doce años después de que la Generalitat asumiera las competencias de sanidad todavía no existe una normativa que fije los criterios por los cuales un paciente debe figurar en la lista de espera quirúrgica. Los socialistas primero y el PP durante los últimos cinco años, a diferencia de lo que sucede en los hospitales gestionados por el Insalud, se han resistido a fijar cualquier tipo de norma. La consecuencia de esta indefinición es una sistemática guerra de cifras que se prolonga desde hace años y que no tiene visos de acabar hasta que el Insalud fije criterios homogéneos para todos.
El presidente de la Generalitat y su consejero de Sanidad llevan varios días intentando rebatir las informaciones publicadas por este periódico, extraídas de la propia base de la consejería, que constatan la existencia de 24.673 valencianos pendientes de intervención quirúrgica a fecha de 28 de febrero de este año. Eduardo Zaplana y Serafín Castellano insisten en reducir la cifra a 12.906, basándose en que "la lista de espera quirúrgica es considerada, a tenor de los dispuesto en el decreto 97/1996, siempre a partir de los 90 días, y con anestesia general o locorregional".Esta afirmación, que figura en una de las notas aclaratorias a las informaciones publicadas por EL PAÍS sobre las listas de espera, podría entenderse como el criterio que sigue Sanidad; pero el hecho cierto es que el decreto de referencia señala en su artículo 1: "Aquellos beneficiarios del derecho a la asistencia sanitaria que, debiendo ser prestada ésta por el Servicio Valenciano de Salud, se encuentren en lista de espera pendientes de asistencia quirúrgica por un plazo superior a 90 días, podrán solicitar del mismo la designación del centro privado por el que se procederá a prestar la asistencia correspondiente". Como se puede comprobar, ni una sola referencia al tipo de anestesia, pero sí a la lista de espera cuyos criterios siguen sin definirse.
La indefinición genera confusión. Tanto que, en ocasiones, colisionan las cifras que manejan los propios responsables del PP en materia sanitaria. Serafín Castellano decía el 1 de junio que los pacientes en lista de espera que el PP heredó del PSOE ascendían a 51.841. Tres semanas más tarde el portavoz del área de sanidad del grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas, Antonio Clemente, elevaba a más de 60.000 los enfermos "en lista de espera quirúrgica por anestesia general o epidural". Un diferencial de 9.000 pacientes entre el consejero y el portavoz de su partido.
No es extraño que existan diferencias entre los propios populares. La base de datos de la Consejería de Sanidad registraba 24.673 valencianos pendientes de alguna operación quirúrgica con independencia de la anestesia que se les debía aplicar; pero al excluir a aquellos que precisaban anestesia local el número se reduce sustancialmente. Aunque también podría aumentar si se les añadieran los 6.463 usuarios del Servei Valencià de Salut a quienes se les había enviado la carta del plan de choque y aún no habían sido intervenidos en clínicas privadas.
Sanidad justifica sus datos en base a "la normativa de las listas de espera quirúrgica seguida en todos los hospitales públicos". Pero el caso es que tal normativa no existe. Como tampoco existía durante la época socialista.
El periodo del PSOE
Del periodo de Gobierno del PSOE queda un informe realizado de oficio por el Síndic de Greuges en 1993. El estudio concluyó que en noviembre de ese año el número de pacientes que aguardaban una intervención con anestesia general era de 34.668, mientras que quienes precisaban anestesia local sumaban 8.930. Algo más de 43.500 en total. La lista de espera se configuraba en aquella época, según el informe del Síndic, desde el primer día en que se diagnosticaba la conveniencia de una intervención quirúrgica. Una auditoría realizada a finales de 1994 por Ernst & Young establecía en 24.263 los pacientes que esperaban una operación de cirugía general y en los 7.840 de local. En este caso se incluían sólo los que esperaban más de 90 días para cualquier tipo de anestesia.
En la actualidad, sin embargo, los responsables de la Consejería de Sanidad se niegan a la realización de cualquier auditoría externa, limitándose a facilitar los datos de acuerdo con una normativa que sigue sin establecerse y que no tiene ningún paralelismo con la que sí existe en los hospitales públicos que dependen del Insalud, donde las operaciones de fimosis sí que figuran en las listas de espera, mientras que no ocurre los mismo en los centros que dependen del Servei Valencià de Salut. Una contradicción que el ministerio de Celia Villalobos pretende suprimir.
