Bilbao tiene sin cobrar 5.800 millones de sus dos principales impuestos
El Ayuntamiento de Bilbao tiene pendientes de cobro más de 5.800 millones de pesetas procedentes de sus dos impuestos más significativos, el de Bienes Inmuebles y el de Actividades Económicas. Un informe del Tribunal Vasco de Cuentas aprecia que sólo en 1998 cerca del 18% del importe total de ambas tasas, que rondó los 8.500 millones de pesetas, no pudo ser recaudado. La auditoría revela la "falta de comunicación" por parte de la Diputación de Vizcaya, que gestionaba estos impuestos hasta 1996.
El Tribunal de Cuentas ha examinado, por vez primera, los procedimientos de gestión y recaudación en Bilbao de sus principales impuestos: el IBI (de Bienes Inmuebles), el IAE (Actividades Económicas), alcantarillado, construcciones, instalaciones y obras, vehículos y el del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. El informe, referido a los ejercicios 1996, 1997 y 1998, revela diversas anomalías, tanto en la gestión como en el cobro de estas tasas. Uno de los mayores problemas se aprecia en los dos impuestos más importantes, el IBI y el IAE, debido a que sus datos dependen del catastro, que continúa siendo una competencia de la Diputación. El Tribunal de Cuentas ve "falta de información" por parte de la institución foral tanto sobre "los cambios de titularidad de unidades catastrales" en el IBI como la "falta de verificación de la concordancia entre los datos de las superficies declaradas de locales afectos a actividades sujetas al IAE".
Mejora
El órgano fiscalizador recomienda al Ayuntamiento que, en el caso del IBI, exija a la Diputación el "envío periódico de las modificaciones que se tramitan" e insta a la institución foral a "practicar la notificación de aquellas modificaciones que no puedan efectuarse antes de la aprobación".
Sobre la recaudación de estas tasas, la auditoría destaca la mejora lograda desde que es gestionada por el Ayuntamiento. En 1995, último año que correspondía a la Diputación, sólo se consiguió cobrar el 73,5% del importe total estimado por el IBI, mientras que dos años después este porcentaje se elevó al 86,8%. Pese a ello, el consistorio bilbaíno sigue sin poder cobrar el 18%, según los últimos datos de 1998, tanto en el IBI como el IAE, lo que supone más de 1.500 millones del total de 8.500.
El informe señala que esta cantidad aumenta significativamente con la acumulación de los ejercicios anteriores "que acumulan para los citados impuestos unos saldos de 2.493 millones en el IBI y 3.358 millones en el IAE".
Otra deficiencia es la notificación de la providencia de apremio, es decir la medida prevista para los contribuyentes que no han pagado sus impuestos en el periodo voluntario. El informe revela que estas notificaciones "sólo alcanzan el 50% y de éstas menos de la mitad se efectúa en un plazo inferior a tres meses. Se considera necesario mejorar los niveles y plazos de notificación", señala.
Curso sobre lo público
La Universidad del País Vasco, dentro de sus cursos de verano, ha organizado para los próximos días 10, 11 y 12 un simposio sobre la evaluación de las políticas públicas. El curso, preparado con la colaboración del Tribunal Vasco de Cuentas, abordará las tendencias y métodos de las administraciones "para evaluar sus programas, garantizar su calidad y planificar las actuaciones futuras".El objetivo es aportar datos sobre las nuevas técnicas de control "y los efectos que las mismas van a tener sobre la acción de la Administración y la percepción que de ella tengan los ciudadanos".
La primera jornada del curso, el día 10, abordará los contenidos de la fiscalización y la evaluación del sector público, con la intervención de Arie Halachmi, profesor de la Universidad estadounidense de Tennessee. Finalizará con una mesa redonda en la que participará con otros expertos y será moderada por el ex director de Eustat Francisco José Llera.
El 11 de julio, el simposio se centrará en la calidad y productividad del sector público, en la que volverá a intervenir el profesor Halacmi, junto a Antonio Heras, de Osakidetza, y el ex vicelehendakari Jon Azua. El debate posterior será moderado por la actual vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia.
La última jornada, que se celebrará el 12 de julio, se centrará en la ética pública, con la presencia del fiscal especial contra la corrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que hablará sobre el control democrático ante los abusos de poder. Junto a él intervendrá Antonio Beristain, del Instituto Vasco de Criminología. La posterior mesa redonda sobre ética y política será moderada por el presidente del Tribunal de Cuentas, Rafael Iturriaga.
