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sábado, 24 de junio de 2000
LA APERTURA DE LOS MERCADOS.ENERGIA - LOS USUARIOS ELEGIRÁN PROVEEDOR DE GAS Y ELECTRICIDAD DESDE 2003

Repsol no podrá abrir gasolineras en cinco años y Cepsa, en tres, para fomentar la competencia

El plan lanzado ayer por el Gobierno busca impedir una mayor expansión de las grandes compañías que ya dominan el sector energético. Impide a Repsol y Cepsa contruir nuevas gasolineras por un plazo de cinco y tres años, respectivamente. El usuario podrá elegir el proveedor de electricidad y gas que más le convenga a partir de 2003. Se limita la participación de las grandes petroleras en la distribución mayorista, la generación de energía de las eléctricas y la cuota de mercado de las empresas de gas. El Gobierno establece además una reducción de hasta un 9% de las tarifas eléctricas en tres años.

El Gobierno intenta poner un poco de orden en un sector que desde la privatización de los grandes grupos energéticos no ha despegado lo suficiente. El petróleo y sus derivados están dominados por Repsol; la distribución de energía eléctrica por Endesa y la del gas por Gas Natural. A pesar de que hay otras compañías fuertes en el sector, como Cepsa en el caso de los hidrocarburos o Iberdrola en el eléctrico, las medidas anunciadas ayer apuntan a contener a las grandes para evitar que los antiguos monopolios públicos se conviertan en privados. También se ataca la posibilidad de que se formen duopolios.Las petroleras son las que han recibido el primer chaparrón, el más intenso. El Ejecutivo impedirá a las compañías petroleras que tengan una cuota de mercado superior al 30% abrir gasolineras durante los próximos cinco años. Aquellas que tengan una cuota de entre un 15% y un 30%, no podrán hacerlo por tres años. La medida se dirige claramente a frenar la expansión de Repsol (45% del mercado) y Cepsa (25%). Deja libre a la tercera petrolera del mercado, BP, que sólo tiene el 10% de cuota.

El Ejecutivo también prohíbe que una empresa que refine en España tenga más del 45% de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), la dueña de los oleoductos españoles. Repsol, junto a su filial Petronor, tiene el 61,46% de CLH por lo que tendrá que reducirán su parte en un 16,46%. CLH vale aproximadamente 300.000 millones de pesetas, por lo que Repsol se embolsará unos 49.400 millones por esa venta.

Los propietarios de estaciones de servicio reclamaban esta medida y se les ha dado en parte. Sostienen que la libre distribución de los hidrocarburos contribuirá a una bajada de los precios y a una mayor competencia en el mercado.

Buena recepción del sector

El presidente de Repsol YPF, Alfonso Cortina, declaró ayer que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros son compatibles con los objetivos empresariales de la compañía y con el desarrollo de su estrategia en España. Cortina señaló que las medidas diseñadas por el Gobierno componen "un paquete equilibrado que permite compatibilizar los objetivos gubernamentales de acelerar y profundizar los procesos de liberalización en el sector energético con los objetivos empresariales de Repsol YPF en el desarrollo de su estrategia en el sector en España".

Según el presidente de Repsol YPF, para la compañía es "muy importante que haya desaparecido la incertidumbre que se había generado en los últimos meses". A su juicio, "la estabilidad ahora alcanzada permitirá una mejor consecución de sus objetivos de crecimiento y creación de valor". En estas dos últimas frases, Cortina se refería claramente al malestar social y político que rodeó al sector de hidrocarburos en el último año. El momento más álgido se produjo la semana pasada cuando la Fiscalía Anticorrupción decidió investigar un supuesto pacto de precios entre las petroleras.

A pesar de las palabras de apoyo de Cortina hacia el plan del Gobierno, fuentes del sector petrolero aseguran que éste no servirá para nada. No producirá más competencia y mucho menos logrará que los precios de los carburantes se reduzcan.

¿Quién invertirá ahora en estaciones de servicio?, se pregunta el sector. Abrir una estación de servicio en la ciudad cuesta entre 200 y 300 millones de pesetas y hacerlo en una vía de servicio de autopista cuesta unos 500 millones. Según el sector, el negocio de venta de gasolinas no es rentable en España por lo que nadie invertirá en algo por lo que no ganará dinero. Si algún particular quiere hacerlo bajo contrato de abanderamiento, desde ahora sólo queda BP como una empresa capaz de financiar la apertura de una nueva gasolinera en España. La siguiente cuestión, según el sector, es que si antes los contratos de abanderamiento podían negociarse entre tres compañías (Repsol, Cepsa o BP), desde ahora sólo queda la británica. No obstante, otras fuentes indican que petroleras extranjeras como la portuguesa Galp o las italianas Agip o Eni estarían interesadas en aprovechar el momento para expandirse en España. Incluso la francesa TotalFina puede abrir más gasolineras porque sólo tiene el 2% del mercado. La participación del 44% de la francesa en Cepsa no se lo impide porque operan en España como empresas separadas.

Transparencia

El Gobierno también ha buscado fomentar la transparencia del sector de hidrocarburos en lo que respecta al acceso de nuevos operadores a las instalaciones fijas de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos. Los titulares de dichas instalaciones (léase Repsol o Cepsa) deberán comunicar a la Comisión Nacional de la Energía las condiciones de sus contratos de acceso a las redes. Por su parte, los titulares de las estaciones de servicio y los operadores al por mayor deberán suministrar periódicamente información al Ministerio de Economía sobre los precios ofertados, productos y marcas. En ambos casos, el Gobierno intenta evitar a través de estas informaciones que se harán públicas, los abusos tanto de las grandes petroleras con los contratos de exclusividad de suministro y distribución que firman los propietarios de las gasolineras, como de las estaciones de servicio sobre el consumidor.

La misma transparencia se ha propuesto conseguir el Gobierno para el sector eléctrico. Los proveedores podrán realizar contratos de adquisición de energía eléctrica en el exterior y con productores nacionales en régimen especial. Este tipo de régimen se refiere a aquellos agentes que producen electricidad de forma autónoma. Esos agentes suministran la energía que han producido al sistema eléctrico y los distribuidores no pueden oponerse a comprarla.

A partir de 2003 los distribuidores de electricidad también podrán firmar contratos de adquisición de energía con productores nacionales en régimen ordinario. La electricidad que se compran bajo este último régimen es que la procede directamente de las centrales eléctricas y es por lo general más barata que la que se produce bajo el régimen especial.

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