El Gobierno no indemnizará a los terroristas de ETA heridos en atentados de los GAL

El Gobierno no otorgará compensaciones económicas a los terroristas heridos en la guerra sucia contra ETA. Aunque la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo (1999), aprobada por consenso durante la finalizada tregua de ETA, reconoce indemnizaciones "a todas las víctimas del terrorismo", el Ejecutivo interpreta que un reglamento de 1997 le permite no indemnizar a los "responsables de dichas actividades delictivas", según ha reconocido el subsecretario de Interior, Leopoldo Calvo-Sotelo. Sí se pagarán las cantidades a las familias de los terroristas muertos en atentado.

El Gobierno ha echado mano de un reglamento de 1997 para endurecer la concesión de indemnizaciones a los terroristas víctimas de los GAL una vez que ETA ha vuelto a matar. La postura oficial, que explicó a este periódico Leopoldo Calvo-Sotelo, es que el Ejecutivo se atiene al "régimen jurídico", y no a la reanudación de los atentados. Pero un alto cargo del ministerio admite que "todo sería distinto si mañana volviera la tregua".En octubre de 1999, poco antes del final del alto el fuego de 14 meses, se aprobó por unanimidad la Ley de Solidaridad para resarcir "a todas y cada una de las víctimas del terrorismo" por los "daños físicos o psicofísicos" sufridos entre el 1 de enero de 1968 y diciembre de 1999. El texto fue respaldado por los diputados nacionalistas vascos al incluirse a las víctimas de la guerra sucia -del Batallón Vasco Español, de 1975 a 1982, y de los GAL, de 1983 a 1987- en el reparto de ayudas.

El Gobierno esgrime ahora el reglamento 1211/1997, inferior en rango y anterior a la Ley de Solidaridad, para excluir a los etarras heridos de las indemnizaciones. Son, al menos, 12; alguno sufrió más de un ataque. El artículo 1.1 del reglamento establece que serán resarcibles por el Estado los daños derivados del terrorismo "a quienes no fueran responsables de dichas actividades delictivas". Interior interpreta que su aplicación "como legislación supletoria encaja", aunque la ley de 1999 invalide "todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan" a ella.

Fin del plazo

Ninguno de los etarras afectados por la nueva doctrina del Ejecutivo ha solicitado hasta ahora las indemnizaciones previstas en la Ley de Solidaridad. El plazo para hacerlo termina el próximo viernes. Interior cree que ni siquiera "van a perder el tiempo" con solicitudes que no serán atendidas.

El primer ejemplo de la nueva doctrina fue la denegación, en mayo, de la ayuda a Antonio Cubillo, fundador del movimiento independentista radical canario MPAIC, herido en un atentado en Argelia en 1978. "La reglamentación específica indemnizatoria sólo dispensa protección [...] a personas no responsables de dichas actividades [terroristas]", concluye Interior.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo "condena el GAL". Pero su portavoz, Paulino Baena, matiza que "es difícil que se nos sitúe en el mismo plano": "Salvo excepción, sus víctimas son terroristas".

El Gobierno si sufragará, ya ha empezado a hacerlo, las compensaciones económicas a los familiares de los etarras muertos: la responsabilidad por los actos terroristas es "personal" y no se extiende a sus herederos. En total, el terrorismo de Estado dejó 57 muertos y 27 heridos entre 1974 y 1987, además de decenas de atentados y secuestros frustrados. La compensación en caso de muerte, si no hay sentencia judicial firme, es de 23 millones de pesetas. La de gran invalidez, 65 millones. Cuando hay sentencia suelen ser mayores; hasta el doble. Las expectativas gubernamentales son que la ley afecte a unas 5.000 personas, entre muertos y heridos, con un crédito inicial -ampliable- de 44.000 millones. El colectivo principal son los familiares de los 764 muertos por ETA en sus 32 años de existencia. El resto, los miles de heridos.

En los cinco primeros meses de plazo, la Comisión de Evaluación de las ayudas había recibido más de 2.000 expedientes, con petición de indemnizaciones para 4.600 personas. Se han resuelto ya más de 1.000, que compensan a 1.370 personas por un valor total de 19.000 millones de pesetas.

Cuando no hay sentencia es la Comisión de Evaluación la que decide la procedencia o no de los pagos. Su calificación de alguien como terrorista no depende de un tribunal, sino de los "archivos de la seguridad del Estado".

La definición de acto terrorista que se escogió para conceder las ayudas es muy amplia, de forma que que pudiera englobar el máximo de víctimas. Se pactó en un momento de tregua y consenso entre los partidos -muy distinto del actual-: "Hechos perpetrados por personas integradas en grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana".

La vuelta de los atentados de ETA -cinco muertos ya- ha obligado a preparar una reforma de la ley para que se beneficien de las ayudas sus nuevas víctimas.