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La Generalitat sólo tiene en obras 28 de los 188 institutos que faltan para acabar el mapa escolar

La previsión de nuevos institutos adecuados a la LOGSE para el próximo curso 2000-2001 está por debajo de las expectativas dadas por el PP en el mapa escolar que elaboró en 1996. Según el documento de ejecución de infraestucturas educativas de la Dirección de Régimen Económico de la Consejería de Educación, de los 223 institutos nuevos o a reformar consignados, sólo 35 están acabados después de cuatro años. En 28, las obras han comenzado ya y se espera que se inauguren a lo largo del próximo curso. El resto, 160 institutos, de momento, son proyectos en fase de redacción.

La lentitud con que se está aplicando el mapa escolar tiene una incidencia directa en el nivel de calidad del sistema educativo valenciano: el año que viene el 50% de los alumnos de Secundaria todavía seguirá escolarizado en colegios de Primaria, lo que retrasa también la generalización de la educación infantil en toda la red pública. Los datos han sido reconocidos por la consejería ante los sindicatos. Pero, además, este nivel de precariedad está íntimamente relacionado con el bajo nivel de ejecución de los presupuestos destinados a inversiones en infraestructuras, especialmente en los ejercicios 1997 y 1998.Según el documento de previsión de ejecución de las infraestructuras educativas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Generalitat en cuatro años ha construido o terminado 35 institutos en la Comunidad. De ellos, sólo 8 proyectos eran de nueva construcción; 14 fueron ampliaciones de aulas o comedores y otros 14 habían ya sido adjudicados por el último gobierno del PSPV-PSOE y estaban en ejecución en 1995, aunque las obras finalizaron en la legislatura pasada y, por tanto, las contabiliza el PP.

Las previsiones más optimistas para el curso 2000-2001, según el citado documento, estiman que los 28 centros, cuyas obras iniciaron a lo largo de 1999 (es decir, están en fase de ejecución) estarán acabados a lo largo del curso que viene. La mayor parte de estos proyectos en marcha corresponden a la provincia de Valencia (11 institutos y 3 adecuaciones), que es la que acumula un mayor déficit de centros adecuados a la LOGSE.

La provincia de Alicante, con una gran presión demográfica escolarizada en aulas prefabricadas, tiene 7 obras en marcha (2 construcciones presupuestadas por la Consejería de Educación y 5 proyectos que financia el Instituto Valenciano de la Viviencia (IVVSA]. Castellón tiene en la actualidad 7 proyectos en marcha, de los cuales 3 corresponden a institutos de nueva construcción y el resto son adecuaciones o ampliaciones.

Plazas escolares en juego

En la práctica, 6.060 puestos escolares están pendientes, pues, de que terminen las obras iniciadas en los 28 centros citados, según la asignación de unidades de bachilleratos LOGSE, nuevos ciclos formativos de FP y Conservatorios de Música que se especifica en el documento de planifícación. De estos 6.060 puestos, 4.020 corresponden a los nuevos bachilleratos, un nivel que precisamente será clave, ya que se generaliza en septiembre.

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El bajo ritmo de contrucciones del mapa escolar en los últimos cuatros años está en consonancia con el bajo nivel de ejecución del Presupuesto. Especialmente en 1998, donde de 12.000 millones presupuestados sólo se ejecutó el 30%. Según se desprende del documento de Régimen Económico, ello se debe a la cantidad de proyectos correspondientes a 1998 que fueron reprogramados e incorporados a los Presupuestos de 1999.

Se trata de 11 centros, cuya financiación asciende a 4.389 millones de pesetas, y que han sido presupuestados dos veces, tal y como recoje el Anexo III del Acuerdo de Plantillas de Secundaria, que firmó el consejero de Educación, Manuel Tarancón, con los sindicatos el 25 de mayo de 1999. Estos 11 centros corresponden en Castellón a Torreblanca (231 millones), Vall d'Uxò (317), Benasal (311), Vall d'Alba (558). En Valencia se trata de la construcción de un instituto de FP en Burjassot (639 millones) en una zona deprimida donde es urgente la construcción del centro ya que, tras cerrar un CAES (Centro de Atención Especial), sólo funciona otro que atiende a población marginal mientras el resto de alumnos está alojado en barracones desde hace años. Los otros dos institutos reprogramados en 1999 están en Riba-roja (con un coste de 562 millones), en una zona donde el curso pasado se vivió una fuerte polémica tras la decisión de Educación de concertar el centro María de Icíar, expedientado por la Seguridad Social por una deuda de más de 100 millones de pesetas; y en Sagunto (presupuestado en 479 millones). En la provincia de Alicante, los institutos que han sido reprogramados dos veces desde 1998 corresponden a Elche (405 millones), el comedor del nuevo instituto Salto de Agua de Benidorm (35 millones), el de Elda (574) y el de Xàbia (380).

El pasado 19 de mayo, el director de Régimen Económico, José Luis Serna, puntualizó que "en esta legisltura estarán ejecutadas todas las infraestructuras educativas previstas en la programación". La oposición, sin embargo, ve difícil que los 130 institutos que hoy son todavía proyectos en redacción (sin contar el centenar de centros inacabados de Primaria) estén terminados en tres años con el actual ritmo de ejecución.

El fracaso de los convenios

El documento Desarrollo de la LOGSE: alternativas de futuro, que forma parte de las conclusiones de las I Jornadas de Directores de Secundaria del País Valenciano, celebradas en Torrevieja en abril, cifra en 1,8 billones el coste global que debería invertir la Generalitat en el periodo 2000-2004 para completar el mapa escolar. El agujero presupuestario del Consell, sin embargo, le ha hecho recurrir a los ayuntamientos para financiar la aplicación de la LOGSE. Pero, el nivel de endeudamiento de los ayuntamientos, fundamentalmente de Alicante y Valencia, ha hecho inviable la estrategia por la que el Consell confiaba en que los consistorios adelantaran el terreno y pagaran las construcciones, a cambio devolverles íntegro el coste y el precio de los intereses financieros, más adelante. La fórmula del convenio, puesto en marcha por el ex consejero Francisco Camps en junio de 1998, es hoy papel mojado, según se desprende del documento de ejecución de la Dirección de Régimen Económico. De los 20 centros conveniados sólo dos en Torrevieja están terminados. El resto (tres en la provincia de Castellón, diez en la de Alicante y otros siete en la pronvincia de Valencia) tienen previsto el inicio a lo largo del 2000. De concretarse, ello supondrá un desembolso de 8.708 millones, a cargo de las arcas municipales.

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