El fiscal pide penas de cinco años para tres directivos de la Junta de Residuos
El fiscal de Medio Ambiente de Cataluña, José Joaquín Pérez de Gregorio, ha solicitado penas de cinco años de prisión, ocho de inhabilitación y multa de 8,4 millones de pesetas para tres directivos de la Junta de Residuos de la Generalitat acusados de prevaricación por permitir el almacenamiento de medio millón de metros cúbicos de residuos industriales tóxicos en una chatarrería de Sant Sadurní d'Anoia y por el vertido de aguas ilegales y contaminantes en una riera procedentes de esa misma industria.
El escrito de acusación del fiscal ha sido presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Vilafranca del Penedès, que en 1997 abrió diligencias por el caso tras la querella presentada de la fiscalía.La empresa implicada es Fragmentadora, SA (Fragsa), dedicada al desguace de vehículos y de electrodomésticos, así como a la obtención de chatarra. La sociedad fue creada en 1974 y en 1976 obtuvo del Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia la licencia municipal de actividades supeditada a la adopción de diversas medidas para evitar la contaminación del proceso industrial. La fiscalía asegura que esas medidas nunca se tomaron, por lo que la licencia resultaba nula y que, además, Fragsa carecía de autorización administrativa para gestionar residuos industriales. Esta carencia, dice el fiscal, era conocida desde 1990 por Manuel Molins, Antoni Pagès y Josep Simó, directivos de la Junta de Residuos encargados de velar por el cumplimiento de la normativa medioambiental y de "perseguir, sancionar y denunciar" la actuación de los responables de la empresa, Josep Creixell y Miguel Chaves, para los que el fiscal pide también cinco años de cárcel por delito ecológico.
La acusación pública explica que los directivos de la Junta de Residuos concedieron el permiso a Fragsa para actuar como chatarrería en octubre de 1996, seis meses después de que se iniciara la actuación de la policía judicial. Para entonces, explica el fiscal, la empresa ya almacenaba medio millón de metros cúbicos de chatarra, un hecho "conocido, consentido y fomentado" por los tres directivos de la Junta de Residuos. Del mismo modo, fueron vertidos de forma "absolutamente ilícita, clandestina y sin depuración" aguas residuales procedentes de la empresa que contaminaron la riera del Avernó.
Exculpaciones
Inicialmente el fiscal inculpaba también a Antonio Garcia Coma, ex gerente de la Junta de Saneamiento, y al ex alcalde de Sant Sadurní Marcel Gabarró, aunque ahora ha solicitado que se archiven los cargos.
Ramon Tella, gerente de la Junta de Residuos, defendió ayer la actuación de los directivos de este organismo y afirmó que confía en su inocencia. También aseguró que la actividad de Fragsa no afectaba al medio ambiente. En su opinión, esta empresa cometió "irregularidades administrativas" y "actuaciones incorrectas" que provocaron la apertura de un expediente administrativo que concluyó con la imposición de una sanción.
