Más de 400 alegaciones discuten el modelo de ciudad diseñado por el PP y PSE en el Plan General de Vitoria
Más de 400 alegaciones se han presentado al avance del Plan General de Vitoria, diseñado por el alcalde, Alfonso Alonso (PP), y sus socios socialistas en materia de vivienda. Buena parte de las críticas se centran en la pretendida expansión de la ciudad hacia los pueblos del municipio (Vitoria es el ayuntamiento más grande en extensión del País Vasco, con 64 entidades locales), donde se proyecta construir 6.416 viviendas. Entre los colectivos que más discuten el plan municipal están el Departamento de Agricultura del Gobierno vasco, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava (UAGA) y los concejos de los pueblos que rodean al casco urbano.Los agricultores piden una moratoria en la aplicación del plan mientras no se debata en profundidad la afección sobre el terreno rural. Además, advierten de que si sus reclamaciones no quedan satisfechas convocarán "movilizaciones de rechazo". Según los criterios de la UAGA, el plan supone "la desaparición del 10% de tierra agraria" y tendrá "unas consecuencias irreversibles para el futuro de la agricultura" en Vitoria. Las alegaciones del Gobierno vasco, muy extensas, siguen una línea similar, criticando la "excesiva" expansión de la ciudad.
El principal partido de la oposición, el PNV, también entiende desproporcionado el aumento de 6.416 viviendas en los pueblos del municipio, sobre todo la expansión prevista en el triángulo formado por Villafranca, Andollu y Argandoña. Ante tantas críticas -la Diputación, también gobernada por el PP, se muestra reticente hacia el crecimiento previsto por el Ayuntamiento- el alcalde ha apuntado un atisbo de rectificación al anticipar que está dispuesto a reconsiderar el número de viviendas que se construirán en la zona rural.
En cambio, el Ayuntamiento no pretende variar las condiciones en que ha calificado el suelo ubicado al sur de la ciudad, unos amplios terrenos de uso agrícola donde los grandes promotores ya han comprado parcelas con la intención de construir viviendas de baja densidad. La Caja Vital también dispone de medio millón de metros cuadrados. Los propietarios han anunciado que alegarán contra la calificación agrícola prevista en el Plan General e incluso están dispuestos a recurrir a los tribunales. El Ayuntamiento, de momento, no está dispuesto a abrir los terrenos para edificar viviendas.
