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La CE paraliza los fondos para el desvío del ferrocarril en Benicàssim

María Fabra

La denuncia interpuesta por la Asociación Benicàssim Pro Enterramiento del Ferrocarril sigue adelante. Este colectivo se personó ante la Comisión Europea (CE) para denunciar la existencia de graves deficiencias en el proyecto del tramo Las Palmas-Oropesa del corredor Mediterráneo. Una de ellas se refiere a la inexistencia de estudio de impacto ambiental. La CE ha tenido en cuenta la denuncia del citado colectivo y ha remitido una "carta de emplazamiento" al Ministerio de Fomento para que presente sus alegaciones. La iniciativa de la CE supone la paralización de la financiación del proyecto con fondos europeos.

Junto a la inexistencia de estudio de impacto ambiental, la mencionada asociación de Benicàssim que se opone al proyecto aprobado por Fomento para desviar las vías del ferrocarril a su paso por esa localidad castellonense denunciaba ante la Comisión Europea la falta de exposición pública del proyecto y la forma en que se ocuparon las fincas afectadas, a las que se accedió por la fuerza, con la intervención de alrededor de medio centenar de agentes del cuerpo especial de la Guardia Civil.A mediados del pasado mes de abril, la CE remitió una "carta de emplazamiento" al Ministerio de Fomento, en la que le otorga un plazo de dos meses para alegar los motivos por los que se ha producido esta falta de un estudio específico, en referencia a los informes de impacto ambiental. En el citado escrito, además, se anuncia que la Comisión se reserva el derecho de emitir un dictamen motivado, una vez finalice el plazo y en el caso de que Fomento no conteste o que las alegaciones que presente no sean consideradas. Éste sería el paso previo a la presentación de una iniciativa ante el Tribunal de Luxemburgo, puesto que la Comisión ya ha asumido como propia la denuncia de la asociación.

Sin embargo, y pese a la gravedad del asunto, el punto más llamativo es el referente a la financiación del desvío. El proyecto "Línea Valencia-Tarragona. Tramo Las Palmas-Oropesa" cuenta con un presupuesto de 6.000 millones de pesetas, financiado en un 85% por el Fondo de Cohesión, es decir, más de 5.000 millones de pesetas. Según ha sabido EL PAÍS, a la vez que ha remitido la carta de emplazamiento a Fomento, la Comisión ha informado a la Dirección General de Financiación Regional para que paralice la financiación del proyecto a través del Fondo de Cohesión, a la espera de que se resuelva la denuncia.

Ésta no es la primera vez que la CE envía una comunicación a Fomento en referencia a este tema. Después de que la asociación de Benicàssim presentara su acusación, en mayo de 1999, la Comisión instó al ministerio español a que se defendiera. La respuesta de Fomento indicaba que la declaración de impacto ambiental se encontraba incluida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benicàssim, en el que, sin embargo, se señala que este proyecto precisa de una declaración específica. Precisamente, en la carta de emplazamiento enviada el mes pasado al Gobierno español, la Comisión Europea mantiene que la declaración del PGOU no exime de la realización de una evaluación y declaración específicas, dado el escaso grado de detalle.

La directiva que, al parecer, vulnera el proyecto es la 337/85. La obra ferroviaria de este tramo del corredor Mediterráneo está sometida a los artículos del anexo 1, que se refieren a obras de centrales nucleares, autopistas, presas y ferrocarriles, entre otras.

Esta denuncia por la carencia del estudio de impacto ambiental no es la única que se ha presentado ante la Comisión. Ante sucesivas vulneraciones de la normativa comunitaria, la comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, ya manifestó la posibilidad de sancionar a los países donde se incumplan las directrices medioambientales de forma reiterada. Estas sanciones podrían suponer la retirada de ayudas europeas.

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