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lunes, 28 de febrero de 2000

El juez impulsa el caso del presunto cobro de comisiones en Barakaldo

  • Hoy presta declaración el alcalde y los otros dos acusados por HB

Un juez de Barakaldo inicia hoy, lunes, la toma de declaraciones por la querella criminal contra el alcalde del municipio, Carlos Pera, su teniente alcalde Jesús María González Suances y el ex presidente del PSE vizcaíno, Jesús María Rodríguez Orrantia. Los tres mandatarios socialistas son acusados de cobrar comisiones por la adjudicación en 1997 del servicio de limpieza urbana de la localidad a las empresas Ferrovial y Samos. La querella fue presentada por Herri Batasuna el 9 de marzo de 1999.

El pasado 12 de mayo, dicha querella fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 3. En ella, se imputa a los tres socialistas y a tres antiguos directivos de las dos empresas de presuntos delitos de facilitar información privilegiada, tráfico de influencias, malversación y cohecho. Aunque se preveía que las declaraciones comenzasen en mayo pasado, se han demorado nueve meses.La querella señala que la empresa Ferrovial, que logró la adjudicación del servicio de limpieza en 1997, recibió información privilegiada del concurso. HB sostiene que los tres dirigentes socialistas y cargos municipales del Ayuntamiento se reunieron varias veces con los futuros adjudicatarios para informarles de las otras ofertas que concurrían al concurso. Según la coalición abertzale, la unión temporal formado por Ferrovial y Samos presentó una oferta inflada, con más trabajadores, mejores condiciones y un precio similar que los otros aspirantes.

En la querella, se señala que, a cambio, los políticos socialistas han recibido cantidades a través de dos intermediarios, quienes recogían talones de las empresas presuntamente favorecidas. Estas percepciones oscilaban entre las 80.000 y las 250.000 pesetas. HB añade que el PSE-EE también recibió los "sobornos" a través del 3% que, según la querella, recibía de la cantidad facturada por el servicio de limpieza a cambio de ampliar cada año en 50 millones el contrato inicial firmado con la adjudicataria. "Todo ello sin que hubiera a cambio ningún tipo de contrapartida en cuanto a la mejora del servicio, tanto en calidad como en cantidad", señalan representantes de HB. El alcalde Carlos Pera ha mantenido que es un caso ficticio y que "intentan hacer campaña política con ello".

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