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El Poder Judicial considera "lamentable" la quiebra del secreto sobre el informe de Pinochet

El Poder Judicial condenó ayer sin matices la quiebra de la confidencialidad sobre el informe médico del general Augusto Pinochet entregado al Estado español por la justicia británica. Las declaraciones del portavoz del Consejo del Poder Judicial, Benigno Varela; del ex presidente del Tribunal Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo, y del fiscal anticorrupción, Carlos Castresana, contrastan con la actitud adoptada por el Gobierno, cuyo presidente, José María Aznar, suscribió ayer la declaración de su portavoz, Josep Piqué, de que la filtración es un ejemplo de "periodismo de investigación".

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"De qué se ríe Piqué" se preguntó ayer el fiscal Carlos Castresana al recordar la forma en que el ministro portavoz despachó la entrega de los documentos a dos diarios próximos al Gobierno como un ejemplo de "periodismo de investigación". Castresana -tras la presentación de un libro de Álvaro Vargas Llosa- recordó que la quiebra de la confidencialidad exigida por los jueces británicos supone "un incidente diplomático internacional grave", y que la entrega de documentos confidenciales "puede ser constitutiva de delito".El presidente del Gobierno, José María Aznar, suscribió ayer, en declaraciones a Catalunya Radio, la tesis de Piqué y subrayó que tenía la seguridad de que la filtración no procedía del Ministerio de Asuntos Exteriores. Posiblemente tenga motivos, no desvelados por el momento, para afirmarlo. El portavoz de Exteriores, Joaquín Pérez Villanueva, aseguró el miércoles que tenía la convicción de que la filtración "no se había producido en España", lo que no descarta que el documento fuese transmitido desde la propia Embajada española en Londres.

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Benigno Varela, calificó de "lamentable" la quiebra de la confidencialidad exigida por los jueces británicos, y señaló que ese tipo de conductas "no conducen a nada bueno". España ha sido el único país de los cuatro a los que se entregó el informe médico -Francia, Bélgica y Suiza- en el que se ha divulgado.

El expresidente del Tribunal Constitucional Álvaro Rodríguez Bereijo consideró también "censurable" el comportamiento de los responsables de que el informe permaneciera secreto, lo que demuestra que han actuado con "poca responsabilidad", y apreció "cierta ligereza" por parte de los medios de comunicación al publicarlo. Recordó que en otras ocasiones se han publicado documentos judiciales confidenciales en medios de comunicación y "al final se sabe de dónde y de quién ha partido la filtración". En su opinión, si la entrega del documento la hubiese cometido un funcionario público, por ejemplo un diplomático, la actuación sería perseguible por la Justicia, mientras que si se tratase de un ciudadano particular, no sería así.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, que ofreció ayer una conferencia de prensa con su homólogo boliviano, Javier Murillo de la Rocha, expresó su "seguridad" de que el documento no había salido de Exteriores y señaló que no tiene "sospechas" de quién ha podido facilitar el informe con tanta celeridad. Matutes cargó contra los "medios de comunicación" que se "han beneficiado de filtraciones anteriores" y ahora "se rasgan las vestiduras" cuando no se benefician de ellas.

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Reconoció que su departamento se ha visto obligado a dar explicaciones al Reino Unido por la quiebra de la confidencialidad del informe entregado a España. Exteriores, que no ha abierto ninguna investigación oficial al respecto, se limitó a indicar a la fiscalía británica los trámites seguidos en el ministerio, que fueron los "habituales cuando se reciben documentos altamente confidenciales".

En una crítica sin nombres dirigida a los partidos de la oposición, dijo que él no era "tan ligero como algunos españoles, que quizás sienten demasiado el peso de la campaña electoral y primero disparan y luego preguntan quién vive, primero lanzan la acusación y después no son capaces de aportar ninguna prueba".

El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Joaquín Almunia, que ayer viajó a París para entrevistarse con el primer ministro francés, Lionel Jospin, afirmó que desde que empezó este episodio "el Gobierno español lo único que ha pretendido es evitar que Pinochet sea juzgado", informa Anabel Díez.

La filtración del informe médico ha sido obra del propio Gobierno, afirmó el líder del PSOE. "¿Por qué lo ha hecho?". Almunia se respondió a sí mismo: "El Gobierno intenta hacer ver que como Pinochet tiene no sé cuántas enfermedades, pues lo mejor es que no se le extradite". Además de otras consideraciones, el líder socialista estimó que el Gobierno "ha hecho el ridículo frente a otros países como, por ejemplo, Bélgica, que está dando los pasos que él ha sido incapaz de dar".

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