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martes, 15 de febrero de 2000

El PP denuncia la existencia de permutas y recalificaciones de terrenos dudosas en Elche

  • Socialistas y populares cruzan acusaciones de corrupción en un pleno poco clarificador

Con el argumento, casi exclusivo, de que el político que no cumple con la ley carece de legitimidad para exigir transparencia a sus adversarios, el PSPV de Elche rechazó ayer una investigación oficial sobre diversas operaciones urbanísticas cuya claridad cuestiona la oposición. El pleno extraordinario celebrado a solicitud del PP, registró un debate desvirtuado e inútil para el esclarecimiento de posibles irregularidades, utilizado por ambos bandos para intercambiar acusaciones de corrupción. El PP añadió cinco nuevos casos al listado de permutas y recalificaciones de terreno.

Aunque la reunión se convocó para hablar de permutas de suelo público por parcelas privadas, y debatir los posibles tratos de favor a determinadas mercantiles en detrimento del patrimonio municipal, la realidad es que, durante sus más de dos horas de duración, en el pleno celebrado ayer en Elche se habló poco de permutas y mucho de corruptelas ajenas al municipio, lo que desvirtuó el debate. Socialistas, populares y EU sacaron a colación desde las grabaciones del caso Naseiro hasta el escándalo de Filesa, sin olvidar otros asuntos polémicos de factura más reciente.La sesión se mantuvo en la línea de intercambio de descalificaciones -salvo esporádicas intervenciones de la portavoz de EU reclamando un debate centrado- hasta que la portavoz adjunta del PP, Mercedes Alonso, retomó el asunto que motivó el pleno extraordinario.

Alonso defendió la necesidad de investigar la gestión municipal con la lectura de una relación de otras cinco operaciones urbanísticas, a su entender de dudosa legalidad. La exposición fue interrumpida en dos ocasiones por el alcalde Diego Macià, que llegó a apercibir a la edil con la expulsión por no ceñirse al orden del día.

La retahíla de permutas, sobre las que el PP no ofreció más datos que la simple enumeración, incluye huertos de palmeras, un edificio que hoy acoge dependencias municipales, y varios locales. El signo del pleno cambió cuando la edil popular aseguró que en todas esas operaciones habían mediado mercantiles "del mismo círculo [empresarial]", y añadió a sus denuncias el "extraño" cambio de uso concedido a un terreno, antes reservado a dotaciones hoteleras y ahora residencial.

Fue entonces cuando el alcalde, a falta de dos intervenciones para finalizar el debate y votar, impuso un receso supuestamente para preparar una respuesta a las nuevas acusaciones. Sin embargo, lejos de hacer uso de un turno explicativo, el PSPV se limitó a poner a disposición de la oposición todos los expedientes del área de Urbanismo, y a denunciar una irregularidad en la que incurre la portavoz del PP: Alonso cobra dedicación exclusiva en la Diputación de Alicante y mantiene su despacho de abogada. "Ustedes no tienen credibilidad", señaló el portavoz socialista, Carlos González, antes de que la investigación fuera rechazada con los votos del PSPV y EU.

Al inicio del pleno, el portavoz del PP, Fernando Vargas, defendió la necesidad de investigar las permutas por el clima de "alarma social" que han suscitado, lo que le llevó a enmarcarlas en el terreno de "presuntas corrupciones generalizadas" y "trato de favor" a un particular. Vargas tachó de "escandalosa" la tasación concedida a una parcela pública, sita en Arenales del Sol, que los socialistas pretendían cambiar por un terreno de menor valor en el polígono de Carrús. La operación, aprobada en pleno a finales de enero, fue revocada ayer por expresa renuncia del constructor Ramón Salvador Águeda, propietario del suelo privado objeto de permuta.

Presunción de legalidad

Para el PSPV, la polémica permuta disponía de todos los informes favorables exigibles, y reclamó la "presunción de legalidad" de los actos administrativos. La solicitud de investigación tramitada por el PP fue rechazada por responder, según los socialistas, a dos razones fundamentales: la proximidad de las elecciones generales y la debilidad de Fernando Vargas como portavoz del grupo popular, cargo que desempeña desde la más absoluta fragilidad dado el rechazo que provoca entre sus compañeros. "El PP está nervioso, sabe que tiene malas expectativas de voto y quiere evitar la caída electoral a costa de lo que sea", dijo González.

Los socialistas, con mayoría absoluta, acusaron a los populares de "poner en marcha el ventilador" durante la precampaña. "Han querido dar un golpe de efecto", añadió González antes de acusar directamente a Vargas de incurrir en manifiesta ilegalidad por ocultar información en su declaración de bienes, cuestión en la que el PSPV centró su estrategia para defenderse con el ataque.

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