La Audiencia Nacional ratifica las multas impuestas a las empresas lácteas
La Audiencia Nacional ha dictado las primeras sentencias contra las empresas lácteas a las que el Tribunal de Defensa de la Competencia impuso en 1997 multas por importe de 1.200 millones de pesetas por pactar precios a la baja en sus operaciones de compra a los ganaderos. La ratificación de las sentencias afecta a las empresas El Buen Pastor, Lácteos Morais y San Vicente, si bien, los medios jurídicos que llevaron el proceso esperan que el resto de las sentencias se pronuncien en el mismo sentido.Contra estas sentencias cabe recurso de casación ante el Supremo.
Las empresas lácteas reclamaban la impugnación del expediente de Competencia por considerar que el proceso se había iniciado en un periodo de inactividad administrativa y que se había comenzado en base a una prueba ilícita. Por el contrario, para la Audiencia Nacional, según consta en las primeras sentencias emitidas, no hubo inactividad administrativa desde el inicio de la infracción cuestionada hasta la presentación del recurso por parte de las empresas en 1997, ni se inició el expediente en base a una prueba ilícita.
La sentencia señala que, además de la documentación y denuncia presentada por la Unión de Pequeños Agricultores, también se registró la denuncia de un ganadero. Además, se insiste en que durante el periodo de estudio del expediente, se analizaron más de 400.000 facturas pagadas por los industriales a los ganaderos del sector de la leche de vaca.
En junio de 1992, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) presentó una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Competencia por la que se acusaba a la casi totalidad de las industrias más importantes en el sector de la leche de vaca, de haber pactado precios a la baja, al menos entre septiembre de 1991 y mayo de 1992. Según la denuncia, este acuerdo de precios se produjo en el seno de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil).
Una vez admitida la denuncia, el Tribunal llevó a cabo durante varios años un intenso trabajo de investigación sobre las presuntas irregularidades en el sector que supuso entrevistas con todas las empresas denunciadas, así como la revisión de más de 400.000 facturas pagadas por los industriales a los ganaderos.
Expediente
El resultado de todo ello fue la instrucción de un expediente de más de 5.000 folios y la resolución final de multar a las 48 empresas y a la propia Fenil con un total de 1.200 millones en función del volumen de las compras realizadas en el sector durante el periodo de la denuncia.
Esta resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia significó la primera multa de esta cuantía a la industria de la leche, sobre la que el sector productor tenía fundadas sospechas de que se hubiera puesto de acuerdo en reiteradas ocasiones para pagar un mismo precio por la leche para evitar "guerras" de recogida.
Para el secretario general de la UPA, Fernando Moraleda, la Audiencia Nacional ha ratificado una decisión histórica del Tribunal de Defensa de la Competencia. En opinión del responsable de la organización agraria, el importe de las multas se debería destinar a los procesos de reordenación del sector de la leche de vaca.
