Los indígenas de Ecuador prometen la toma de Quito pese al Ejército
Los indígenas alzados contra el Gobierno de Jamil Mahuad prosiguen su movilización contra el sistema político y hacia "la toma de Quito", a pesar de las prohibiciones constitucionales y las barreras militares establecidas en las carreteras de acceso para impedirlo. Es improbable que consigan los objetivos declarados: la renuncia del presidente y la paralización de Ecuador. "Los indígenas conocemos mejor que nadie el país. Si militarizan las carreteras, sabremos por dónde llegar a Quito", prometió uno de sus dirigentes, Luis Pilaguano. Más preocupada la mayoría de los más de 12 millones de ecuatorianos por los primeros efectos de la dolarización de la economía, fundamentalmente las subidas de precios en la cesta de la compra, las reclamaciones de los indígenas, un 30% de la población, han trascendido a las puramente sociales, étnicas o culturales de comienzos de los noventa para plantear ahora una plataforma de "salvación nacional". La coordinadora al frente de las protestas denuncia la conversión monetaria aprobada hacía siete días y la actual democracia, que consideran corrupta, injusta y causante de la pobreza nacional.
"El pronóstico sobre el levantamiento indígena es confuso", señala el analista Simón Espinosa Cordero. "Que podrán establecer un Gobierno popular, ciertamente no. Que podrán deponer a Mahuad: poco probable. Que podrán destituir al Congreso: improbable. Que podrán salir de este intento sin muertos y heridos: improbable".
Refundación nacional
Reconoce Espinosa que la movilización en curso favorecerá la organización política de los indios, pero aventura también que puede sentar las bases para una futura guerra civil, a largo plazo, que liquidará el actual sistema político y económico y facilitará la refundación de Ecuador.
Las sublevaciones indígenas han tenido hasta ahora más carácter social que político. Las de 1990 reclamaban principalmente cesiones sobre aguas y tierras, y lograron su propósito. La marcha de los indios de la provincia de Pastaza en 1992 pretendió también la legalización de territorios, y lo consiguió en la Amazonia. El levantamiento de dos años después rechazó la reforma agraria promovida por terratenientes quiteños. También en esa ocasión triunfaron. Las protestas de 1999 persiguieron impedir el aumento de precio de los combustibles, lo consiguieron temporalmente.
Las intenciones de ahora son definitivamente políticas, y tratan de abrir brecha hacia la instauración de un "Gobierno popular", pues los indígenas, a juzgar por los sucesivos escrutinios y las divisiones entre sus filas, no pueden todavía ganar unas elecciones presidenciales ni obtener la mayoría en el Congreso.
"Han optado por una tercera vía: la de la resistencia pasiva, la de la desobediencia civil, la de paralizar amorosamente, "a lo Gandhi", la Administración del Estado opresor", agrega Simón Espinosa.
