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Viernes, 31 de diciembre de 1999

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El juez imputa varios delitos al ex presidente de los enfermeros de Castellón y le impone una fianza. El ex presidente de los enfermeros de Castellón, procesado por malversación Texto] XAVIER LATORRE Castellón El ex presidente del Colegio de Enfermería de Castellón, Marcial López, tendrá que depositar hoy una fianza de siete millones y medio de pesetas si quiere evitar la prisión preventiva ante los cargos que se le imputan por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón. Estas medidas cautelares son el último de los episodios de un conflicto que se remonta a 1992. Los nuevos administradores del colegio, elegidos parcialmente en mayo, encontraron vacía la sede colegial, detectaron una falta absoluta de documentación y, posteriormente, constataron una supuesta apropiación indebida de importantes sumas de dinero, usurpación de funciones y otras irregularidades. De momento, los informes económicos delatan que López pudo beneficiarse de más de 30 millones de pesetas en un período de cinco años. A principios de la presente década, un grupo de colegiados exigieron los libros de actas y de contabilidad al entonces presidente de este colegio de profesionales sanitarios. Esta petición de transparencia acabó con expedientes a los díscolos ateses que solicitaban las cuentas de su colegio. La guerra interna fue una constante durante años en la que también intervino el Consejo General de Colegios de Diplomados en Enfermería y el consejo autonómico, cada uno alineado con un bando diferente. Las disputas se prolongaron hasta esta pasada primavera cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana resolvió confirmar la inhabilitación por cinco de López. A partir de ese momento se abrió un proceso electoral que aupó al colegio a una nueva presidenta, María Victoria Ramos, que junto con su equipo decidió abrir una auditoría para conocer la situación real de la organización. La Policía, a instancias de los nuevos administradores, realizó sendos registros en el domicilio del ex presidente y de una denominada Fundación CYES, de la que éste también era presidente. Allí aparecen fichas de los colegiados y algunos de los papeles que reclamaban. Y, por supuesto, comienzan a detectarse las supuestas irregularidades que ayer denunciaron públicamente en el propio colegio profesional. De las investigaciones y la auditoría se desprende, según el asesor jurídico del colegio, Jeroni Canós, "algunos datos espeluznantes", así como indicios de falsedad en documento público, usurpación de funciones y apropiación indebida de caudales públicos, entre otros supuestos delitos. En esta rocambolesca historia no falta tampoco el testimonio de una mujer que se auto proclama presidenta y que dice que la sede del colegio está en otro lugar. Cuando comienzan a reconstruirse algunos rastros contables aparece que el ex presidente, Marcial López, se había adjudicado un sueldo, al margen de su trabajo en un centro sanitario público, de unas 200.000 pesetas. Pero, "hemos hallado justificantes de dietas y comidas que alcanzan los siete millones de pesetas anuales de media", añadió Canós, quien apuntó que todos los establecimientos "eran dignos de la guía Michelín". En total, los nuevos gestores le acusan de apropiarse en cinco años de un total de 32 millones de pesetas y eso "sin poder haber completado todavía toda la documentación, ya que parece un puzzle". Algunos de los pagos con la Visa corresponden a una fecha posterior a la de su inhabilitación. El equipo jurídico del colegio que lleva adelante las acusaciones ha destacado que tampoco hay documentación sobre los ingresos de unos 60 cursos realizados por dicho colegio bajo el mandato de López. "En uno que hemos reconstruido, los gastos ascienden a cinco millones de pesetas", tercia este asesor. Se da la circunstancia que los pagos eran realizados por el colegio; mientras que las matrículas eran ingresadas en cuentas de la Fundación CYES, una fundación que consiguió acceder a diversas subvenciones de organismos públicos e incluso llegó a apadrinar a una ONG de solidaridad con el Tercer Mundo. "La decisión de la actual junta es devolver la transparencia a este colegio y perseguir actuaciones que consideramos delictivas", afirmó el vicepresidente Francisco Pareja, justificando las actuaciones, los indicios de coacciones, sustracción y malversación que pesa sobre el antiguo presidente. "El mismo día que tomamos posesión llegó una factura de más de cien millones de pesetas de una deuda acumulada al Consejo General de la Enfermería", recuerda Pareja.

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