La fiscalía estudia si hay base legal que ampare las pruebas de ADN del 'caso Eva Blanco'
La juez que instruye el caso Eva Blanco ha pedido un informe a la Fiscalía de Madrid para que se pronuncie sobre si, legalmente, cabe autorizar la ejecución de la prueba del ADN (ácido desoxirribonucleico) a los 2.013 vecinos de Algete que se han ofrecido voluntariamente. Aparte de los recelos legales expresados por destacados juristas, diversas fuentes ponen en duda que estas pruebas vayan a servir para identificar al asesino de la joven. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez practicará las diligencias que le solicite el fiscal "si no las considera inútiles o perjudiciales".
La llamada a los vecinos de Algete para que se sometan a la prueba del ADN partió de su alcalde, el socialista Jesús Herrera, y su objetivo es conseguir alguna pista que permita identificar -o, al menos, descartar a inocentesr- al hombre que violó y acuchilló siete veces a Eva Blanco, de 16 años, en 1997. La Guardia Civil ya ha anunciado que su laboratorio está en disposición de empezar la recogida de muestras de saliva a los 2.013 voluntarios. El coste de los análisis, que se tardarían en completar al menos cuatro meses, es de 100 millones de pesetas. Sin embargo, para realizar esta operación es necesario que antes sea autorizada por la juez instructora de Torrejón de Ardoz con vistas a su incorporación al sumario. No poder incorporarla a las diligencias significa que todo lo hecho carecería de validez. La juez, antes de pronunciarse, quiere que la fiscalía de Madrid emita un informe en el que exponga su parecer. La fiscalía dará su opinión previsiblemente a fines de la presente semana, tras estudiar si el masivo análisis de ADN conduciría a algún resultado y, lo que es más importante, si existe una base legal que ampare la operación, inédita en España y de difícil encaje penal.Fuentes jurídicas ponen en duda que este análisis colectivo sea útil para identificar al asesino, ya que sería insólito que éste sea uno de los 2.013 que han dado su autorización a que se les extraiga una muestra de saliva. Las mismas fuentes recuerdan que el artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que "el juez que instruya el sumario practicará las diligencias que le propusieran el ministerio fiscal o cualquiera de las partes personadas, si no las considera inútiles o perjudiciales".
En el cadáver de Eva Blanco, encontrado el 20 de abril de 1997 cerca de Cobeña, se hallaron restos de semen, lo que ha permitido a la Guardia Civil obtener el perfil genético del agresor y, paralelamente, barajar la violación como posible móvil del crimen.
La Guardia Civil cree que las pruebas de ADN sobre las muestras de los voluntarios pueden ayudar en la investigación. Hasta el punto de que ya tiene proyectado de dónde obtener los 100 millones de pesetas necesarios: de la recaudación de las multas de tráfico y el cobro de las tasas de matriculación de vehículos que Tráfico pone en estas fechas a disposición del Ministerio del Interior. En la operación, si obtiene luz verde, intervendrían 15 especialistas.
Algunos jueces de la Audiencia de Madrid y del Tribunal Supremo han expresado sus recelos ante la legalidad de esta operación. Interpretan que buscar al asesino mediante un proceso basado en la exclusión de personas, que al someterse o no a la prueba se convierten en presuntos culpables, es una aberración jurídica.
Un magistrado de instrucción, que pide el anonimato, también duda de la eficacia de esta prueba, aun cuando su ejecución permitiese identificar al varón cuyo ADN se corresponde con el del semen hallado en la víctima. "Este hombre", razona este juez, "podría aducir fácilmente que efectivamente mantuvo una relación con la chica, pero que él no la asesinó. Cualquier abogado podría desbaratar esa prueba en un juicio", opina.
