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LA NUEVA LEY DE PERSONAL DEL INSTITUTO ARMADO

Los guardias civiles deberán someterse a controles de alcoholemia

¿Quién controla al controlador? ¿Quién garantiza que el agente que somete al conductor a un análisis de alcoholemia no lleva él mismo unas copas de más? El pleno del Congreso aprobó el pasado jueves el proyecto de Ley del Régimen del Personal de la Guardia Civil, incluyendo una enmienda del Senado que establece que todos los guardias civiles deberán someterse con carácter obligatorio a pruebas para "detectar los estados de intoxicación etílica y el consumo de drogas tóxicas y sustancias similares".

La ley, que supone que la Guardia Civil tenga por primera vez un estatuto de personal propio y diferenciado del que rige para las Fuerzas Armadas, contiene varias novedades importantes.Una de ellas es que los guardias podrán ser sometidos a "análisis y comprobaciones con carácter obligatorio" para detectar los estados de intoxicación etílica y el consumo de drogas tóxicas o sustancias similares. El peligro que supone un agente armado en estado de embriaguez o drogadicción aconsejó al Senado a introducir, en el artículo 49 del proyecto, una norma que impide que los agentes se puedan negar a someterse a estas pruebas.

El propio director general del cuerpo, Santiago López Valdivielso, reconoce la importancia de esta medida para evitar los incidentes causados por guardias ebrios. "El hecho de estar armados y representar la legalidad hace que los guardias deban estar sometidos a un control que sólo se impone a los demás ciudadanos si conducen un vehículo", alega. Además, el carácter obligatorio de estas pruebas supone, en su opinión, una garantía para los propios agentes, ya que ninguno volverá a ser sancionado en base a indicios de encontrarse ebrio, sin un análisis que lo avale.

"La ley es importante porque regula por primera vez todo lo relacionado con el personal de la Guardia Civil. Y es el último paso para distinguir entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil", prosigue Valdivielso.

La ley contempla la posibilidad de rehabilitación para aquellos guardias que hayan sido condenados a la "pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o de inhabilitación especial", que ahora conlleva la pérdida de su empleo y la separación del servicio. En este caso se hallan actualmente 29 guardias.

Al igual que ocurre con los funcionarios civiles, el Consejo de Ministros podrá acordar la "rehabilitación" profesional de los guardias condenados, tras haber cumplido la pena -a diferencia de lo que sucede con el indulto- y a petición del interesado. Se trata de una decisión política, por lo que el Gobierno deberá evaluar "las circunstancias y entidad del delito cometido".

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La norma consagra la promoción interna. Hasta ahora se podía acceder a la escala de oficiales y suboficiales desde el exterior, pero desde ahora todos los que aspiren a oficiales deben proceder de suboficiales; y todos los suboficiales, de la escala básica. Es decir, salvo para la escala básica y la superior de oficiales (los de academia), todos los demás empleos se alcanzan por promoción interna. Se diseña así una carrera que permite llegar a teniente coronel partiendo de guardia.

Otra novedad es que se aumenta la edad del pase a la reserva (de los 56 años a los 58). No obstante, los que actualmente son guardias pueden optar por marcharse a casa o seguir hasta los 58.

La ley favorece también el ingreso de la mujer en la Guardia Civil (en la actualidad hay unas 2.000). Hasta ahora, al ser iguales las pruebas físicas para hombres y mujeres, éstas quedaban eliminadas en un alto porcentaje. La ley posibilita rebajar las pruebas físicas para las mujeres. También se prevé que la agente embarazada cambie provisionalmente de puesto, sin perder el destino.

Por último, se crea la escala facultativa para agentes especializados en laboratorios, informática, interventores, jurídicos, arquitectos, que podrán llegar hasta el grado de coronel.

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