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miércoles, 10 de noviembre de 1999

Los dueños de L"Agudana buscan comprador para salvar los empleos de la empresa cárnica

  • La sociedad ha presentado la quiebra voluntaria con una deuda de 4.500 millones de pesetas

La delicada situación económica por la que atraviesa la empresa cárnica L"Agudana, de Cervera, considerada una de las punteras del sector agroalimentario en Cataluña, ha obligado a sus propietarios, los hermanos Garriga Zafrilla, a presentar en el juzgado una declaración de quiebra voluntaria, con una deuda de 4.500 millones de pesetas. Si no aparece ningún comprador, esta nueva crisis puede significar el cierre definitivo del matadero y la pérdida de 340 puestos de trabajo. Los propietarios buscan a la desesperada un comprador para, sobre todo, salvar los puestos de trabajo.

L"Agudana no ha podido superar las dificultades económicas que la llevaron en 1994 a suspender pagos con un activo de 7.134 millones de pesetas y un pasivo de 3.234 millones. Hace un año, la empresa pareció resurgir cuando un grupo de ganaderos de Lleida compró el 37,5% de las acciones que el grupo Vall Companys tenía en la cárnica. Esta operación permitió a los hermanos Garriga Zafrilla conservar el 50% de las acciones de la empresa, mientras que el 12,5% restante quedó en manos de la familia Vall Pla.La empresa anunció entonces que el nuevo socio se había comprometido a aportar a la sociedad el capital suficiente para reflotar la empresa e iniciar un ambicioso proceso de expansión. Sin embargo, a pesar de los buenos augurios, los problemas económicos continuaron hasta llegar a la problemática situación actual. El descenso de la facturación a causa de la peste porcina y del escándalo de las dioxinas belgas acabaron con las posibilidades de viabilidad de una empresa a la que los bancos también decidieron cerrarle las puertas. Los trabajadores no han cobrado la nómina del pasado mes de octubre, que asciende a más de 60 millones de pesetas.

Tregua de tres días

Numerosos ganaderos y cooperativas de la provincia se han encontrado atrapados por la declaración de quiebra de L"Agudana, cuyo futuro es, cada día que pasa, más incierto. El Departamento de Agricultura y el comité de empresa han pactado una tregua de tres días para facilitar las negociaciones que los hermanos Garriga han iniciado con varias cooperativas del sector interesadas en comprar el matadero.

Los asesores de Cotecna, Copalme y la Cooperativa de Artesa de Segre han analizado recientemente la situación económica y accionarial de la empresa. En principio, estas firmas estarían en condiciones de asumir la gestión de L"Agudana, si la Administración les ayuda, y de aportar un millón de cerdos, una cantidad que garantizaría la continuidad del matadero. Dos grupos extranjeros, uno de ellos holandés, también podrían pujar por la cárnica.

La crisis de L"Agudana se ha gestado a lo largo de la última década. En junio de 1998, los hermanos Ramon, Antoni y Josep Garriga fueron condenados a un año y seis meses de prisión, a una multa de 75 millones de pesetas y a indemnizar con la misma cantidad a la Hacienda Pública, como autores responsables de un delito fiscal cometido entre 1989 y 1992. El supuesto fraude del matadero fue destapado en noviembre de 1993, cuando un administrativo arrepentido denunció la existencia de una doble contabilidad en la empresa. Según el fiscal que instruyó el caso, los acusados movilizaron durante el periodo investigado alrededor de 4.000 millones de pesetas en dinero negro. Durante las investigaciones también fueron interrogados los máximos responsables del grupo Vall Companys, propietarios por aquel entonces del 50% de la cárnica, lo cual fue aprovechado por los hermanos Josep y Ramon Vall Pla y su primo Josep Maria Vall Palou para desvincularse de la gestión de la empresa de Cervera.

L"Agudana tenía en el momento de descubrirse el fraude fiscal unos 500 trabajadores y una facturación de 20.000 millones de pesetas anuales. En las instalaciones de Cervera se sacrificaban más de un millón de cerdos al año, pero a raíz de dichas irregularidades Vall Companys, su principal proveedor de ganado, le cortó el suministro y la empresa se vio obligada a presentar en febrero de 1994 un expediente de suspensión de pagos. Ello se produjo a pesar de que dos meses antes el Instituto Catalán de Crédito Agrario (ICCA), organismo dependiente del Departamento de Economía de la Generalitat, había concedido un crédito de 400 millones de pesetas y un aval por idéntica suma. A partir de entonces, la facturación del matadero leridano fue cayendo en picado. La última auditoría, correspondiente al pasado ejercicio económico, reflejó unas pérdidas de 246 millones de pesetas, una facturación de 10.000 millones y una deuda a corto plazo de 4.500 millones, de los que 1.200 corresponden a la Seguridad Social y 400 a Hacienda.

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