Barrionuevo alega que usó los fondos reservados igual que sus antecesores al frente de lnterior

Los ministros del Interior del PSOE dieron a los fondos reservados el mismo uso que sus antecesores de gobiernos anteriores y que sus compañeros de otros departamentos que contaban con estas partidas. Así lo asegura el ex ministro José Barrionuevo en el recurso que ayer 'presentó contra el auto de la juez Carmen Valcarce, quien imputó a diez ex altos cargos socialistas por un presunto delito de malversación de caudales públicos. El abogado Jorge Argote, también imputado, entregó ayer siete supuestos recibos de pagos a magistrados y fiscales, con cargo a estos fondos opacos.

Barrionuevo subraya en su recurso el "origen indudablemente político" de la causa instruida por el juzgado de instrucción número 5 de Madrid, ya que fue abierta a instancias del hoy presidente del Congreso, Federico Trillo y otros diputados del PP. Según el abogado de Barrionuevo, Pablo Jiménez de Parga, tras más de cinco años de investigación se ha demostrado "la absoluta falsedad de las insidias e insinuaciones maliciosas sobre la situación patrimonial" del, ex ministro, pues "no ha aparecido el más mínimo indicio de enriquecimiento ilícito".

El escrito rechaza que Barrionuevo haya podido incurrir en un delito de malversación de caudales públicos alegando que los fondos reservados carecían de regulación específica. Según el letrado, la única norma aplicable a estas partidas entre 1983 y 1993 era la Circular 3/1966 de la Intervención General de la Administración del Estado.

Los "fines específicos" de esos fondos eran, según dicha circular, "gastos de solemnidades, atenciones y otros de carácter social o reservado, a disponer discrecionalmente por el ministro". Por eso, alega, "es imposible, al menos en términos jurídicos, mantener la existencia de un delito de malversación de caudales públicos, ni un uso de los fondos reservados para otros fines distintos de los legítimos prevenidos en sus normas".

Según el abogado, los supuestos indicios contra Barrionuevo se reducen, en realidad, a uno: como ministro del Interior, era "el último responsable del destino de los fondos y a quien se daba o debía dar cuenta de su uso".

Ese planteamiento demuestra, a su juicio, que "no hay en la causa dato indubitado alguno" que demuestre la implicación de Barrionuevo. El letrado agrega que el auto de la juez atribuye al ex ministro una malversación "omisiva, no activa", mientras que el vigente Código Penal sólo contempla la malversación intencional.

También, el ex ministro José Luis Corcuera alega en su recurso que no se lucró de los fondos reservados, por lo que pide el archivo del caso contra él o en su defecto la práctica de más diligencias.

Su abogado, Leopoldo Torres, asegura en el escrito que algunos medios de comunicación han emprendido una campaña de desprestigio de Corcuera, atribuyéndole fabulosas fortunas, suntuosos chalés, cuentas corrientes en Suiza o en Andorra, "cuya absoluta falsedad ha quedado evidenciada" en la instrucción".

Respecto a las joyas regaladas por Corcuera a las esposas de sus colaboradores más inmediatos en Interior, el recurso considera irrelevante, una vez desaparecido del Código Penal el delito de malversación impropia, "la utilización de la partida presupuestaria destinada a gastos reservados para hacer frente a atenciones".

Por su parte, el catedrático Manuel Cobo del Rosal califica de "inadmisible" la imputación de que su defendido, el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, se apropiase de importantes cantidades y las invirtiese en inmuebles registrados a nombre de familiares cercanos. Para el abogado de Vera, se trata de imputaciones genéricas, en las que se presumen realizados los hechos sólo en virtud del cargo ocupado por los imputados, y subraya que no existe en la causa documento o informe alguno del que se deduzca que su cliente haya realizado inversiones inmobiliarias con dinero procedente de los fondos reservados, ni tampoco ningún elemento de investigación que permita deducir la vinculación patrimonial entre Vera y alguno de sus familiares, por lo que pide el archivo de las actuaciones.

De su lado, el abogado Jorge Argote, imputado en la misma causa por cobrar de los fondos reservados sus minutas como defensor de policías y guardias civiles, aportó ayer al juzgado siete recibos que reflejan supuestos pagos de la Secretaria, de Estado para la Seguridad a magistrados, fiscales y letrados.

Los documentos, entregados junto a su recurso, son: tres recibos supuestamente firmados por el fiscal de la Audiencia Nacional

Ignacio Gordillo, por importe de 280.000 pesetas cada uno, fechados en febrero, marzo y julio de 1993 en concepto de clases impartidas; un recibo de enero de 1992, por valor de dos millones de pesetas, supuestamente entregados al ex fiscal general del Estado Carlos Granados, entonces destinado en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, para atender a los gastos de las comisiones provinciales, de coordinación de la Policía Judicial; un recibo por valor de cinco millones para el abogado Francisco Escobar por su intervención en el caso Ucifa y dos recibos sin firma, de mayo y diciembre dé 1992, por importe de dos millones cada uno, con un sello de la Secretaria de Gobierno y de la Presidencia de la Audiencia Nacional.

Argote, que asegura haber recibido estos documentos en un sobre sin remitente, pide a la juez que verifique su autenticidad y tome declaración a los supuestos perceptores de estas cantidades, y a los responsables de la Secretaría de Estado para la Seguridad.