Los jueces rectifican y dejan a los ecologistas ir al Supremo con el "caso Massamagrell"

La decisión de tres magistrados de la Audiencia Provincial de cerrar las semana pasada el caso que instruía una juez de Massamagrell por la destrucción del marjal de esta localidad, atendiendo así un recurso de queja de los querellados (promotores de la urbanización prevista en el enclave húmedo), vulnera, a juicio de los ecologistas, el precepto constitucional del amparo y les ha producido indefensión. Por ello decidieron poner el martes un recurso de casación al Supremo a pesar de que la Audiencia estipuló que contra su decisión no cabía impugnación. Los jueces han reculado y ahora el caso sigue abierto.

Los ecologistas del Instituto de Defensa y Estudio Ambiental (IDEA), del Centro de Acuicultura Experimental (CAE) y de la Sociedad Valenciana de Ornitología (SVO) calificaron ayer la decidisión del cierre de "chanchullo" y "fruto de la manipulación de la Consejería de Medio Ambiente, ya que no se sustenta en criterio jurídico alguno". A juicio de los querellantes, el recurso de queja sirve para que un afectado en una causa exponga a una instancia superior que, por ejemplo, el proceso se está prorrogando en exceso o que algún trámite le está perjudicando para que esta instancia haga alguna recomendación al juez que instruye el caso.Sin embargo, los querellantes aseguran que este tipo de recurso (diferente del recurso de amparo o del de casación) nunca puede suponer una interrupción del procedimiento. Sin embargo, los magistrados, que sólo escucharon los argumentos de los querellados y, según los ecologistas únicamente vieron una parte del expediente "que nada tiene que ver con el informe en que se basa la acusación", declararon el libre sobreseimiento de las actuaciones.

Según explicó ayer en la sede de CCOO José Luis Ramos, abogado de IDEA, la decisión de los tres magistrados firmantes (Antonio Ferrer, María José Juliá y José María Llanes), además de interferir en la autonomía de un juez para instruir un caso, "incumple los principios de audiencia y contradicción que deben presidir todo procedimiento judicial". En palabras de Ramos: "La Audiencia lo que ha hecho es decirle a la juez que tire a la basura todo lo que tiene encima de la mesa y a nosotros que nos callemos".

Cosa que no hicieron. Así, pese a que el acuerdo de la sala de la Audiencia especificaba que no había posibilidad de recurrir, el martes pasado IDEA solicitó ante la misma instancia un recurso de casación ante el Supremo. Y lo justificó en que el auto de cierre del caso suponía la vulneración del precepto constitucional de amparo y de dos artículos de la ley de enjuiciamiento criminal.

Recurso de la fiscalía

No fueron los únicos. Carlos Almela, miembro de la Fiscalía de medio ambiente del Tribunal Superior de Justicia, se adelantó a los ecologistas tres días y solicitó el recurso. Ante esta reacción, la Audiencia aceptó anteayer el recurso ante el Supremo.

Ramos se lamentó ayer de que la justicia trate a los ecologistas como menores de edad y dijo que una decisión así no se la harían nunca a una constructora. "Queda claro que hay una falta de sensibilidad a la hora de aplicar la ley en temas de la defensa del medio ambiente".