Tasas universitarias y coste de la ingeniería pública
Hace unos años, presionado ya por necesidades recaudatorias, el Gobierno de entonces decidió aumentar sensiblemente las tasas universitarias, además de recargar fuertemente las rematriculaciones. Ello ocasionó huelgas justificadas, sin demasiado éxito, en la Universidad pública en gene-Pasa a la página siguiente
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ral, y en particular en las escuelas técnicas, cuyos alumnos han resultado especialmente perjudicados: en ellas, los suspensos, las repeticiones de asignaturas y, en consecuencia, las segundas y terceras matrículas están a la orden del día, a pesar de tratarse de alumnos con las máximas calificaciones en selectividad.
Hay que tener en cuenta que cada matrícula sólo da derecho a dos convocatorias de examen y que una segunda matrícula recarga un 45% la tarifa inicial y una tercera dobla ampliamente el coste de la primera (+112%).
El primer año, los alumnos están obligados a matricularse del curso completo, inabarcable para la casi totalidad de los mismos, con lo que se inicia el largo y costoso proceso de rematriculaciones. Tanto más por cuanto algunas politécnicas se aplican con mayor rigor a suspender que a orientar y estimular al estudiante. Éste es el caso de varias escuelas de Madrid, donde (a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en la universidad pública de Cataluña) es bien conocida la irracionalidad de ciertas cátedras en este sentido, buscando y logrando un número de titulados arbitrariamente restringido y, frecuentemente, al cabo de ocho o nueve años de permanencia.
¿No sería mejor para todos limitar las plazas de entrada en lugar de hacer perder el tiempo a una "materia prima" de la mejor con que cuenta el país? ¿Quién le pide responsabilidades al profesor que es incapaz de preparar y aprobar cada año a una promoción razonable de alumnos?
Como consecuencia de lo anterior, los ingresos medios de matriculación por alumno de algunas escuelas de ingenieros o arquitectos se habrán doblado en el plazo de unos años, con lo que no cabe hablar ya de enseñanza técnica superior semigratuita, sino meramente subvencionada. Entran aquí dos aspectos, al menos, de regresividad social de la nueva situación: por un lado, sólo las familias acomodadas podrán aguantar el chaparrón a lo largo de los ocho años de duración promedio, en Madrid, de los estudios en las escuelas superiores que han decidido ser más selectivas. Por otro lado, no es seguro que lo que necesite el país sean pocos ingenieros con una larguísima formación, esencialmente teórica además. En estas condiciones, ¿cabe seguir hablando de escuelas públicas de ingeniería superior en España?- . .
