El Congreso convoca con urgencia al Pacto de Toledo para frenar la "guerra de las pensiones"
El Parlamento decidió ayer por unanimidad reconducir el áspero debate de las pensiones al foro del Pacto de Toledo, con una convocatoria urgente cuya fecha decidirán de inmediato los grupos políticos. Ése fue el único punto de acuerdo que lograron los partidos, después de rechazar las distintas propuestas presentadas por PSOE, IU, Nueva Izquierda e Iniciativa per Catalunya para que se aplicara ya mismo, sin mayores demoras, una mejora en las pensiones mínimas (tanto las contributivas como las no contributivas), una iniciativa que ha sido el eje central de un duro cruce de acusaciones en las últimas semanas entre populares y socialistas.
Aunque los grupos parlamentarios decidirán hoy o mañana la fecha en la que se reunirá con carácter extraordinario la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, que se encontraba en Madrid, se anticipó, antes incluso de que se iniciara el debate en el Congreso, a fijar un día: el próximo lunes. Un dato desconocido por los portavoces de los distintos grupos, y cuestionado incluso por el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, quien puntualizó que "la convocatoria no depende del Gobierno, sino que deben ser los grupos parlamentarios los que la decidan". Lo que ayer sí quedó claro en el Congreso es que, tras el encontronazo PP-PSOE de las últimas semanas, los partidos quieren frenar a toda costa la guerra de pensiones desencadenada por la Junta de Andalucía y la Generalitat de Cataluña al conceder estas comunidades pagas extraordinarias a las pensiones no contributivas, al margen de las mejoras que pueda decidir el Pacto de Toledo.La comisión del Pacto se reunirá de inmediato por decisión unánime del Parlamento. Se adelanta así la previsión de hacerlo después de las elecciones generales, previstas para la primavera del año 2000.
A este acuerdo unánime se llegó tras una proposición no de ley del PP, luego corregida, que planteaba la reunión en el marco de la Comisión de Política Social y Empleo, y con el objetivo de "valorar los resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo y, en base a ello, estudiar su desarrollo de futuro, dentro de los criterios de estabilidad, sostenibilidad e igualdad de prestaciones para toda España".
Una enmienda de CiU propuso que esta reflexión se hiciera en el seno de "una comisión específica de estudio que pueda aglutinar serenidad, realismo y efectividad. Probablemente el único escenario donde el rigor inducido por la efectividad pueda sustituir al ruido ensordecedor de una confrontación partidaria que puede tener visos de mezquindad". Con tal matización, todos los grupos dieron su visto bueno. La iniciativa obtuvo el respaldo de los 311 diputados presentes.
En el debate, eso sí, se reprodujeron los duros ataques que el PP y el PSOE se vienen cruzando en las últimas fechas. Gerardo Camps (PP) abrió el fuego reclamando al primer partido de la oposición que "recupere la cordura que ha perdido hace tiempo". Utilizó incluso términos como "enajenación" y "deslealtades".
Fernando Gimeno, en nombre del PSOE, echó en falta la presencia de los miembros del Gobierno en la sesión. "Después de la brasa que nos han dado este verano. Después de meses llamándonos demagogos, descalificando a presidentes de comunidades autónomas, incluso por parte del cónyuge de un miembro del Gobierno", dijo, en alusión a Ana Botella, esposa del presidente José María Aznar.
Luis Martínez Noval, al explicar por qué el PSOE proponía una subida inmediata de 28.000 pesetas anuales para las pensiones más bajas, aseguró que "el Gobierno está sobrado de dinero tras una reforma del IRPF que ha beneficiado a las clases medias y altas". Y apostó por la vía rápida del decreto ley porque es la única que asegura este beneficio para tres millones de pensionistas antes del próximo año. La Cámara rechazó la propuesta por 157 votos en contra, 152 a favor y cuatro abstenciones. IU reclamaba un aumento de las pensiones mínimas que las equipare con el salario mínimo interprofesional. Y Nueva Izquierda quería, al igual que el PSOE, que la mejora se aplicase ya con efectos de 1999. También fueron rechazadas.
