Los editores y los agentes educativos piden para la AVL rigor científico
Representantes de la Mesa per l"Ensenyament en Valencià (formada por representantes sindicales, del profesorado y diferentes movimientos cívicos para la normalización del valenciano) y de la Associació d"Editors del País Valencià respaldaron ayer las tesis del Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana respecto a la constitución de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y exigieron en una declaración la "acreditación de la competencia científica y académica de las dos terceras partes de los futuros académicos, tal y como se recoge en la disposición transitoria de la ley que regula la creación de la AVL". "Sólo esta vía es la adecuada", reafirma el primer punto de la declaración cuyos firmantes apoyan sin fisuras las actuaciones académicas. "No reconoceremos ni aceptaremos ninguna academia que no cuente con el reconocimiento de las universidades valencianas", añaden. La ley exige el voto favorable de dos tercios de las Cortes para la elección de los 21 miembros de la Acadèmia. En el segundo punto se exige que todos los futuros académicos asuman la normativización consolidada a partir de las Normes de Castelló, "que es la que se viene usando en todo el sistema educativo y en la producción literaria", y además, es la que "marca el artículo 3 de la ley de reación de la AVL". Todos estos requisitos son imprescindibles para que la "creación de la AVL sea reconocida y aceptada por todas aquellas personas que trabajamos, usamos y estimamos nuestra lengua", según recoge el tercer punto del documento. En el último, los firmantes señalan que "es decisivo y urgente" avanzar "con firmeza" en la promoción de la lengua. Además, todas las entidades anuncian que iniciarán las accciones pertinentes para garantizar que los pasos en la constitución de la Acadèmica sean los mencionados. Homologación El representante del STEPV, Vicent Esteve, también señaló ayer que, pese a no estar constituida la Acadèmia, el Consell ha emprendido acciones, respecto a los libros de texto, "a las que nos oponemos porque determinan un léxico en detrimento de otro y comportan un falseamiento de los hechos". La presidenta de los editores, Verónica Cantó, indicó que los libros están siendo supervisados y añadió que "cualquier supervisión significa parar los proyectos". En términos semejantes se manifestaron Manuel Fuambuena, de CC OO, quien recordó que la homologación de textos debe respetar "la verdad científica", y Empar Conesa, de UGT, quien, en todo caso, recordó que la autoridad científica es de la universidad. Cantó también manifestó que los editores no se oponen a la gratuidad de los libros de textos. "Estamos de acuerdo, aunque con matices. Hay que estudiar mucho la cuestión", agregó.
