Historias clínicas

SI EXISTE una parcela de la sanidad pública en la que la privatización de su gestión puede ser cuestionable, es la relativa a los historiales clínicos de sus pacientes. Los datos de carácter personal referentes a la salud tienen una protección legal especial, por lo que parece arriesgado ceder su gestión a personas o entidades distintas a las que les fueron confiados, únicas en principio legitimadas para su tratamiento de acuerdo con la finalidad para la que fueron recabados. Tiene fundamento, por tanto, la inquietud que ha causado entre los sindicatos de la sanidad pública y entre la oposición politica la decisión de dos importantes centros hospitalarios madrileños -el Clínico y el Doce de Octubre- de confiar la "organización, depuración, unificación y gestión" de los historiales de sus pacientes a empresas privadas especializadas en documentación. La misma iniciativa han tomado o están en trance de tomar una docena de centros hospitalarios públicos en diversos lugares de España. Es cierto que mantener al día, perfectamente operativo, un archivo de 2,5 millones de fichas médicas, como es el caso del Clínico, o de 1,3 millones en el del Doce de Octubre, no es tarea fácil. Requiere medios técnicos y personal especializado. Todo lo contrario de lo que, de ser cierta la denuncia de la sección sindical de UGT del Clínico madrileño, han hecho los gestores de este centro hospitalario: reducir la dotación del archivo para justificar, con su deterioro, su gestión privada, a cargo de una empresa gallega desde diciembre de 1997. Es posible que la calidad del servicio haya mejorado, aunque algunos testimonios directos del centro hospitalario aseguran que es peor que antes de su privatización. Pero la cuestión no radica -o al menos no es la única en este caso- en la calidad del servicio, sino en la procedencia de entregar la gestión de datos confidenciales de los pacientes a personas distintas a las que fueron confiados, ajenas a los cometidos y fines previstos en las leyes que regulan la sanidad pública. Es difícil separar la gestión de esos datos de la prestación médica y sanitaria de titularidad pública que reciben los pacientes.

Los gestores de los centros hospitalarios que han puesto en marcha esta iniciativa aseguran que no es necesario informar a los pacientes del nuevo destino de sus historiales clínicos y menos aún pedirles su consentimiento. Y ponen como ejemplo la frecuencia con que se llevan a cabo pruebas y análisis en laboratorios especializados externos a los centros hospitalarios sin que los pacientes afectados sean informados. Se trata de supuestos distintos. Esas pruebas y análisis externos forman parte de la normal colaboración médica, sanitaria y científica, y están dentro del marco de funcionamiento de la sanidad pública. Pero esta colaboración nada tiene que ver con la gestión privada de los historiales clínicos de sus pacientes, aunque se hayan tomado algunas medidas para asegurar su confidencialidad.

Si se ha debido o no informar o pedir su consentimiento a los pacientes, es algo que deberá aclarar la Agencia de Protección de Datos, ante la que ha presentado una denuncia el secretario del sindicato CC OO de Madrid. El asunto no es baladí. El riesgo de que se rompa la confidencialidad que los centros médicos se comprometen a salvaguardar aumenta a medida que se amplía el círculo de quienes tienen acceso a los historiales clínicos, sobre todo si se trata de entidades mercantiles y de personas no sometidas a los imperativos éticos de la medicina y la sanidad.

Casos como la puesta a la venta en el baratillo sabatino de Palma de Mallorca de datos médicos procedentes de una clínica privada muestran que ese tipo de historias tienen demanda en el mercado, y no sólo por mero afán coleccionista, sino por motivos menos anecdóticos.